Documento de visión del Grupo Mujeres del MSC
2018
Nosotras, las mujeres del sector del MSC, que aúna a mujeres rurales y urbanas, pescadoras artesanales, campesinas, pastoralistas, indígenas, consumidoras, trabajadoras agrícolas, activistas de ONG y mujeres sin tierras de todos los rincones del planeta, nos reunimos durante el Foro del CSA sobre el empoderamiento de la mujer en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición, y elaboramos la estructura de nuestra declaración de visión. Esta visión ha sido aprobada por el sector de las mujeres del MSC y tiene el fin de orientar y promover las acciones del MSC dentro y fuera del CSA para realizar el derecho a la alimentación para todas las mujeres.
Creemos que el derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria y la nutrición y la soberanía alimentaria de las mujeres no se lograrán nunca sin asegurar el pleno respeto, la protección y la realización de los derechos de las mujeres. Queremos apoyar nuestra auto-determinación. Queremos ir más allá del objetivo universalmente acordado de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, que no afirma explícitamente la centralidad de los derechos de las mujeres. También expresamos nuestra inquietud respecto al término “empoderamiento”, que podría implicar una relación descendiente en la que las mujeres son concebidas como receptoras de educación, formación e intervenciones externas. Queremos respaldar nuestra libre determinación, autonomía y poder de toma de decisiones en todos los aspectos de nuestras vidas, incluidos los alimentos que producimos y consumimos.
Reconocemos la necesidad de deconstruir la narrativa dominante sobre las mujeres, que muy a menudo son presentadas como víctimas que necesitan políticas de asistencia social y de enfrentamiento a la pobreza; son tratadas como objetos en la publicidad de alimentos y la industria del marketing. Todas las personas que participan en el CSA tienen que interiorizar en sus análisis, contribuciones y acciones prácticas el hecho de que las mujeres son sujetos políticos activos, agentes de su propio cambio y desarrollo, y debe reconocerse que tienen derecho a su libre determinación y la de sus cuerpos. Las mujeres son portadoras de conocimientos y tienen capacidades – lo que pedimos son políticas públicas de género o específicas para mujeres, con presupuestos adecuados que garanticen su efectiva aplicación. Dichas políticas deberían ser dirigidas primariamente a las organizaciones de mujeres, promoviendo el auto-empoderamiento, la autoformación y la autonomía de las mujeres. Esta perspectiva debería fundamentar todo debate que lleve a decisiones de políticas del CSA, puesto que estas pueden propiciar cambios o perpetuar la violencia contra las mujeres por poderes jerárquicos y discriminatorios contra las mujeres, histórica y socialmente construidos y normalizados.
Creemos que el sistema alimentario mundial actual se construye sobre la discriminación basada en el género y la violación de los derechos de las mujeres, y que perpetúa estos fenómenos. Para lograr una sociedad justa y equitativa en la que las mujeres puedan disfrutar plenamente de sus derechos, debemos situar en un lugar central el modelo alternativo de consumo y producción que garantiza los derechos de las mujeres, reconoce su función central y se basa en la agroecología y el paradigma de la soberanía alimentaria.
Reconocemos la CEDAW y la Recomendación general (RG) N.º 34 como el marco mundial de las Naciones Unidas para los derechos humanos de las mujeres, y queremos que el CSA fundamente todas las decisiones de políticas del Comité en los derechos de las mujeres, como se contempla en la Convención, y que promueva el monitoreo y la rendición de cuentas de las decisiones de políticas del CSA desde la perspectiva de los derechos de las mujeres. La RG N.º 34, que articula los derechos de las mujeres rurales, debería orientar especialmente al CSA en relación con los derechos de las mujeres en las zonas rurales.
La puesta en práctica de esta visión en el CSA requiere que los miembros y participantes del Comité:
- reconozcan, realicen y protejan los derechos de las mujeres como un requisito previo para la seguridad alimentaria y la nutrición en todas las decisiones del CSA, promoviendo la eliminación de toda forma de violencia y discriminación contra la mujer como condición previa para lograr la seguridad alimentaria mundial;
- promuevan la elaboración de políticas publicas especificas destinadas al incentivo y promoción de la producción y comercialización de las mujeres del campo, entendiendo que para eso es necesario garantizar un derecho básico previo que es el derecho al acceso a la tierra, a los territorios, a las semillas preservadas y multiplicadas de manera autóctona, el acceso al agua y el reconocimiento a los conocimientos de los modos de producción que las mujeres tienen y preservan, como conocimientos propios, que le pertenecen;
- reconozcan ante todo a las mujeres como seres humanos con sus propios derechos, incluidos sus derechos reproductivos y sexuales, y no solo en su función de madres, cuidadoras y responsables de la seguridad alimentaria y la nutrición de los hogares y de otras personas;
- velen por el derecho de las mujeres al acceso a la educación formal e informal, a los servicios de salud pública y de los derechos reproductivos y sexuales, y a las políticas de seguridad y protección social;
- aborden las causas originarias de las desigualdades que sufren las mujeres y el desequilibrio en las relaciones de poder, nombrando y afrontando el patriarcado, el capitalismo, el racismo y el feudalismo particularmente en el contexto asiático, que conjuntamente generan diferentes formas de opresión estructural que afectan a las mujeres de manera diferente en un contexto social concreto, ya sean mujeres rurales, urbanas, indígenas o pertenecientes a minorías;
- integren una perspectiva feminista en los procesos de elaboración de políticas, asegurando una función central y de liderazgo para las organizaciones de base de mujeres en los procesos de toma de decisiones desde las fases iniciales en adelante;
- reconozcan los derechos de las mujeres trabajadoras, con una atención especial a la necesidad de reconocer, valorar y redistribuir el trabajo de cuidados que debido a la división sexual del trabajo recae de manera desproporcionada sobre las mujeres. Cabiendo al Estado asumir parte de este trabajo, garantizando servicios públicos cuales espacios de cuidado infantil, niñerías, escuelas y espacios de recreación para los niños y niñas;
- El derecho a la negociación colectiva, el derecho a asociarse y auto-organizarse, la protección de la maternidad, espacios de trabajo seguros y salarios adecuados y equitativos;
- aborden las causas originarias de la inseguridad alimentaria y la malnutrición que están interrelacionadas con el patriarcado, el feudalismo y la expansión de la agricultura industrial comenzada con las políticas de la revolución verde en 1960. El ataque violento del modelo neoliberal, otras formas de manifestaciones opresivas y explotadoras entrañan distintas articulaciones, como el acaparamiento de tierras y recursos naturales y de los cuerpos de las mujeres, el impacto devastador de los grandes proyectos de infraestructuras, la privatización, la liberalización comercial y la desregulación;
- presten una atención especial a las luchas de las mujeres y los impactos de los contextos de crisis, guerra y ocupación sobre sus derechos, la criminalización de las mujeres líderesas y las defensoras de derechos humanos, y los desafíos a los que se enfrentan las mujeres migrantes y refugiadas;
- aseguren instituciones, lugares de trabajo y servicios públicos libres de sexismo y violencia;
- aborden la falta actual de seguimiento, rendición de cuentas e información de las instituciones públicas, incluido el CSA;
- instar a los gobiernos para aplicar lo que han acordado en foros internacionales y mundiales (por ejemplo, la CEDAW). Ha de denunciarse el hecho de que no falta el marco normativo de políticas para asegurar los derechos de las mujeres, sino que falta voluntad política para aplicarlas;
- velen por que el CSA construya su labor sobre las herramientas normativas existentes, como la CEDAW y la RG N.º 34, y trabaje con fuerza en lo que respecta al uso y la aplicación de sus propios resultados de políticas.