El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) elabora y aprueba recomendaciones políticas y directrices voluntarias sobre una amplia gama de temas relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición. Para mejorar su impacto y promover su aplicación efectiva, el Programa de Trabajo Plurianual (PTPA) 2024-2027 del CSA incluye un flujo de trabajo específico centrado en aumentar la concienciación, la apropiación y la aplicación de los resultados de las políticas del CSA a todos los niveles.
Durante el periodo entre sesiones, el flujo de trabajo sobre el Debate en profundidad sobre la intensificación de los esfuerzos para aumentar la concienciación, la apropiación, el uso y la utilidad de los resultados de las políticas del CSA a todos los niveles, elaboró un Plan de Acción que sirviera de hoja de ruta para alcanzar estos objetivos. El plan identifica áreas clave para la acción y define las funciones y responsabilidades de los actores del CSA en la promoción de la asimilación de los productos de las políticas del CSA a nivel mundial, regional, nacional y local, contribuyendo a la realización del derecho a una alimentación adecuada.
En la Plenaria CSA 52, Dionicio Canahui, integrante del Comité de Coordinación del MSCPI, de Guatemala y del Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI), expresó lo que el MSCPI identifica como clave para fortalecer realmente el uso, la utilidad, la apropiación y la concienciación de los productos políticos del CSA por parte de los diversos sectores en los diferentes territorios.
Gracias, señora presidenta, por cedernos la palabra.
El Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas (MSCPI) recibe con agrado el Plan de Acción y desea dar las gracias a los cofacilitadores del proceso y a la Secretaría del CSA por sus esfuerzos.
La adopción es una prioridad fundamental para el MSCPI. Nuestra participación en el CSA consiste en traer al Comité las voces de los territorios y llevar a esos territorios los productos normativos del Comité. En la evaluación del CSA también se reconoció el papel clave del MSCPI para la adopción.
En ese sentido, lamentamos que se haya eliminado del Plan de Acción la mención a los pueblos indígenas por un intento de agrupar a los pueblos indígenas con las comunidades locales, algo que habría atentado contra los derechos diferenciados de los pueblos indígenas. Exigimos a todos los Estados miembros que reconozcan y apliquen la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y se abstengan de confundir, asociar, combinar o equiparar a los pueblos indígenas con entidades no indígenas como minorías, grupos vulnerables o “comunidades locales”.
Para que los resultados de políticas del CSA resulten relevantes para productores a pequeña escala, pescadores, pastoralistas, pueblos indígenas y otros sectores, la clave está en que su proceso de elaboración genere un sentido de apropiación. En ese sentido, deben darse las condiciones adecuadas para una participación real; por ejemplo, con interpretación en los momentos necesarios y traducción de los documentos.
En primer lugar, vemos con buenos ojos que el Plan de Acción haga hincapié en la responsabilidad principal de los Estados miembros para llevar a la práctica los resultados de políticas del CSA. Recalcamos que los distintos resultados normativos del CSA pueden servir para orientar a los Estados miembros a la hora de cumplir con sus obligaciones en el ámbito del derecho a la alimentación. Por ese motivo, destacamos la importancia de contar con monitoreo y rendición de cuentas. Exigimos que la rendición de cuentas contemple la necesidad de contar con datos desglosados sobre la composición de la población, incluyendo a los pueblos indígenas, para facilitar la toma de decisiones en la práctica.
En segundo lugar, esperamos que el Plan de Acción puede servir de orientación a otros foros de las Naciones Unidas, a los Estados miembros y a otros espacios nacionales y regionales de carácter multilateral para democratizar la elaboración y ejecución de las políticas públicas con la aplicación de un enfoque de derechos humanos, siguiendo el ejemplo de los procesos inclusivos de convergencia de políticas del CSA.
En tercer lugar, nos complace también que el Plan de Acción reafirme la función especial que desempeñan los organismos con sede en Roma en materia de adopción, en su condición de organismos de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, así como que el plan detalle varias líneas de actuación al respecto.
Nos gustaría hacer hincapié en que la FAO debe reforzar su compromiso con la aplicación de los resultados de políticas del CSA. En particular, instamos a la FAO, al CSA y a sus miembros a que reafirmen su compromiso con el Marco de acción del CSA para crisis prolongadas (MdA) y cumplan con las obligaciones en materia de derechos humanos en las situaciones de conflicto. El Marco de acción sirve de guía a los Estados para abordar las causas subyacentes de los conflictos y garantizar el derecho a la alimentación y la representación de la población civil afectada.
En cuarto lugar, nos gustaría destacar que la ejecución del Plan de Acción estará conectada con otras líneas de trabajo pertinentes dentro del marco del actual Programa de Trabajo Plurianual del CSA.
En particular, la línea de trabajo sobre “Gobernanza colaborativa para ofrecer respuestas políticas coordinadas” resulta de especial relevancia, puesto que ayuda a incrementar la cooperación entre distintos actores y espacios, además de concienciar en torno a los resultados de políticas del CSA. Al mismo tiempo, esos resultados de políticas del CSA son cruciales para coordinar las políticas mundiales para responder a las situaciones de crisis alimentaria y, por lo tanto, deberían utilizarse al máximo. Los elementos clave compilados por el GANESAN para orientar las medidas en pos del derecho a la alimentación y la transformación de los sistemas alimentarios, que se han incluido en el Plan de Acción, serán de gran utilidad en ese sentido.
Por último, nos gustaría hacer hincapié en que hace falta contar con recursos financieros para respaldar las iniciativas que promuevan la adopción. Solicitamos a los Estados miembros que movilicen esos recursos y les pedimos que se destine una parte a las organizaciones de la sociedad civil y a los pueblos indígenas, puesto que somos los agentes legítimos capaces de difundir los productos del CSA y de darles relevancia para las luchas de nuestros sectores constituyentes.
