Durante la 53ª Sesión Plenaria del CSA, celebrada del 20 al 24 de octubre de 2025, se organizó un panel de debate sobre las dificultades encontradas por las regiones y los distintos grupos para cumplir el ODS 2 (poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible), al término de la presentación del informe sobre “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2025” (SOFI 2025).  


El panel, moderado por Luz María de Regil, Directora de Nutrición y Seguridad Alimentaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS), reconoció las conclusiones del SOFI 2025 y destacó que la inflación en el precio de los alimentos en muchos países ha hecho mella en el proceso de consecución del ODS 2 y en el acceso a una alimentación saludable, en especial entre las poblaciones de bajos ingresos. 


Tal y como se refleja en el informe del CSA 53, el Comité hizo hincapié en el efecto desproporcionado de la inflación alimentaria en mujeres, niños y niñas, comunidades rurales y hogares de bajos ingresos, así como en la necesidad de contar con respuestas políticas para proteger a quienes se encuentren en situación vulnerable.


Souad Mahmoud (Túnez), de la Coordinación Feminista para la Soberanía Alimentaria-MENA y la Marcha Mundial de las Mujeres, e integrante del Comité de Coordinación del MSCPI, pronunció la siguiente declaración para poner de relieve las repercusiones de la inflación en el precio de los alimentos para las mujeres de zonas rurales, y la necesidad de contar con políticas con perspectiva de género que refuercen los vínculos entre lo urbano y lo rural y ayuden a proteger los medios de vida de los pueblos. 

Declaración del MSCPI pronunciada por Souad Mahmoud (Túnez) de la Marcha Mundial de las Mujeres durante el punto II del programa de la 53ª Sesión Plenaria del CSA “Informe de 2025 sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI): mesa redonda sobre las perspectivas regionales”. 

Gracias, señora Presidenta, gracias de nuevo por brindar esta oportunidad al MSCPI de participar y contribuir a este importante debate. Cuando a día de hoy se habla de la subida pertinaz en el precio de los productos alimentarios, se tiende a considerarla una crisis pasajera, un desequilibrio coyuntural relacionado con los conflictos o las incertidumbres climáticas. Ahora bien, si se examinan las tendencias a largo plazo, se comprende que esta inflación no es una simple deriva de los mercados, sino que es fruto de un sistema económico en el que la alimentación es ante todo una mercancía, y no un derecho.

En este sistema, la paradoja es que las zonas rurales, consideradas el corazón mismo de la producción alimentaria, se cuentan entre las más afectadas por la escasez de alimentos. Pero ¿por qué ocurre? Pues porque el campesinado y los trabajadores rurales no controlan ni los medios de producción, ni los circuitos de distribución y ni siquiera el valor de su propio trabajo.


Producen, pero no viven de ello. Alimentan al mundo, pero pasan hambre.

La crisis actual de los precios alimentarios pone de manifiesto lo que mucha gente sabe ya: los ingresos procedentes de la tierra y el trabajo agrícola quedan aplastados entre dos fuerzas que todo el mundo conoce, que son, por un lado, el coste creciente de los insumos agrícolas, de la energía y del transporte y, por el otro, el domino de las grandes cadenas agroalimentarias y las finanzas mundiales, que acaparan la mayor parte del valor añadido de ese trabajo.


Por lo tanto, lo que recibe el nombre de “inflación alimentaria” también es el resultado de que el poder económico y político se reparta entre un pequeño número de actores capaces de especular incluso con el hambre.

Y dentro de esa estructura de desigualdad, las mujeres rurales ocupan la posición más vulnerable, pero también la más estratégica. Son mayoritarias en la agricultura familiar y se encargan de la reproducción social —alimentar, cuidar, mantener la vida—, pese a seguir siendo las personas menos reconocidas y las peor remuneradas. Y creo que eso ocurre en el mundo entero.


Cuando suben los precios, las mujeres son las primeras en privarse de comer por los demás, las primeras en ver hundirse sus ingresos y las últimas en beneficiarse de las políticas de apoyo.


Esa doble marginación —económica y patriarcal— no es un accidente, creo yo. Forma parte integral de un orden social que se apoya en la invisibilización del trabajo femenino y en la dependencia estructural del mundo rural.


Sin poner fin a esa lógica, las crisis se repetirán y no habrá solución, siempre en detrimento de las mismas personas y las mismas estructuras: en detrimento de los productores a pequeña escala, de los obreros agrícolas, las mujeres y los jóvenes del campo.

Por eso es urgente abordar la cuestión alimentaria de un modo distinto.

En primer lugar, hay que sustituir la producción agrícola por una economía del bien común en la que la tierra, el agua, las semillas y los conocimientos no sean mercancías, sino derechos colectivos.


A continuación, hay que devolver el poder a productores y productoras, lo que debe pasar por políticas de precios equitativos, circuitos cortos, cooperativas rurales autogestionadas y sistemas públicos de compras que apoyen directamente la producción campesina.


Y sobre todo, hace falta una verdadera revolución de la igualdad de género en el campo: garantizar el acceso de las mujeres a la tierra, a la financiación, a la formación, a la representación política. No para “integrarlas” en un modelo desigual, sino para convertirlas en arquitectas del modelo.

Por último, me gustaría abordar la cuestión de los vínculos entre las zonas rurales y las urbanas.
Hoy en día, las ciudades consumen lo que el campo produce, pero no hay una reciprocidad. La urbanización se construye mediante la transferencia de riqueza y de valor desde el campo hacia los centros urbanos. Para proteger los medios de vida, opino que hay que revertir esa lógica: forjar alianzas de solidaridad entre consumidores y productores, entre territorios, para construir una soberanía alimentaria compartida y hacer realidad el derecho a la alimentación para todas y todos.


Las políticas públicas pueden favorecer esos vínculos con infraestructuras locales, mercados de proximidad, transportes rurales, pero también programas sociales que reconozcan la labor de cuidados y de reproducción que se realiza en el campo.

En realidad, la lucha contra la inflación de los precios alimentarios no es una mera cuestión económica. Es ante todo una lucha política.


Se contraponen aquí dos visiones del mundo:
– por un lado, la de que los alimentos son un producto sometido a la lógica del beneficio;
– por el otro, la de que constituyen un bien social, fruto del trabajo colectivo y la solidaridad.

Mientras la agricultura siga siendo dependiente de los mercados mundiales, mientras el valor del trabajo rural venga determinado por las fuerzas del capital y no por las necesidades humanas, la vulnerabilidad del campo seguirá existiendo.

En ese sentido, proteger los medios de vida de las poblaciones rurales —y en particular de las mujeres— supone romper con esa dependencia y reconocer las economías locales fundadas sobre la justicia social, la cooperación y la igualdad.


No se trata de una utopía, sino una condición para que la alimentación deje de ser una herramienta de dominación y vuelva a ser lo que siempre debería ser: un derecho, un vínculo, para toda la vida.

Ver la grabación de la Plenaria del CSA 53
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