44.º período de sesiones del CSA, 9 de octubre de 2017: – Declaración del MSC sobre respuestas en materia de políticas frente a las crisis alimentarias, las hambrunas y sus causas profundas, y la función del CSA

Como se explica en el informe sobre el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2017 (informe SOFI), la situación de las crisis crónicas de alimentos en muchos países y regiones ha empeorado gravemente este año, con cuatro países al borde de la hambruna. Esta situación es inaceptable y exige la responsabilización colectiva de todos los Gobiernos, organizaciones y pueblos.

Las hambrunas no se producen instantáneamente, tardan años en desarrollarse y la respuesta rápida en términos políticos y humanitarios es extremadamente importante para su prevención y mitigación.

No podemos abordar las crisis alimentarias y erradicar el hambre sin abordar las causas profundas.

La inseguridad alimentaria se deriva típicamente de factores estructurales y políticas que marginan los sistemas alimentarios locales y a los productores a pequeña escala y fomentan el aumento de la concentración del poder de las corporaciones.

La inseguridad alimentaria se ve exacerbada durante las situaciones de conflicto. De acuerdo con el informe SOFI 2017, alrededor del 60 % de las personas que se ven afectadas por el hambre en el mundo viven en zonas sumidas en conflictos. Las actuales crisis alimentarias en situaciones de conflicto se deben en gran medida a violaciones múltiples y, a menudo, sistemáticas cometidas por actores estatales y no estatales. Están ancladas en las agresiones contra los civiles y los productores de alimentos, la desposesión y destrucción de recursos, la perturbación sistemática de las actividades agrícolas, la restricción de movimiento de las personas, la asistencia de comerciantes y humanitaria y la limpieza étnica, la ocupación y las sanciones. La inanición se emplea como arma de castigo colectivo y, en muchos casos, las personas que la perpetúan gozan de impunidad.

El empobrecimiento continuo de los recursos naturales hace que las comunidades sean extremadamente vulnerables a catástrofes naturales más graves que nunca debido al cambio climático originado por el ser humano.

Para las comunidades que necesitan asistencia alimentaria directa, la respuesta tardía a los sistemas de alerta temprana, incluidas la asistencia humanitaria y la presión política y diplomática, desemboca en el empeoramiento de la inseguridad alimentaria, la propagación de enfermedades y la pérdida de vidas humanas. La arquitectura humanitaria ha demostrado ser insuficiente, puesto que a menudo la asistencia está politizada y dista mucho de satisfacer las necesidades de los “cuatro países que sufren hambruna” y de otros países.

El CSA fue reformado como respuesta a las crisis alimentarias de 2007 y 2008. Debe tener la capacidad de responder de manera eficaz a las crisis alimentarias de hoy en día y abordar de forma sostenible sus causas. El Comité debería asumir plenamente su función como el órgano internacional más inclusivo para la coherencia de las políticas, la cooperación y la coordinación en materia de seguridad alimentaria y nutrición. Concretamente:

 

En primer lugar, el CSA debería convertirse en la principal plataforma mundial que convoque exámenes periódicos y ad hoc de las hambrunas y las crisis alimentarias de gran magnitud, y centrarse en la evaluación de las respuestas en materia de políticas y sus repercusiones sobre las principales causas, asegurando la coherencia entre las dimensiones humanitaria, de desarrollo y de derechos humanos. Esos exámenes deberían centrarse en obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos, tanto de carácter individual como colectivo, puesto que las crisis y los conflictos no solo se deben a actores nacionales, también son provocados por actores internacionales, que pueden ser Estados o corporaciones.

El CSA, en estrecha cooperación con la Relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, debería pedir también que se creen comisiones de las Naciones Unidas que se ocupen de misiones de consulta e investigación para proporcionar evaluaciones sobre el terreno e investigar las violaciones de derechos humanos, en particular en relación con el derecho a la alimentación. Los resultados de esos exámenes y comisiones deberían comunicarse al Consejo de Seguridad y otros organismos especializados de las Naciones Unidas.

En segundo lugar, pedimos al CSA y sus miembros que aseguren la inmediata difusión y el uso del Marco de acción para la seguridad alimentaria en crisis prolongadas entre todos los usuarios a los que está dirigido. Todos los actores deberían facilitar exámenes de las actuales políticas y medidas, en especial para preparar el acto temático mundial sobre el Marco de acción en 2020.

En tercer lugar, el CSA debería prestar especial atención a las voces, derechos y necesidades de las comunidades que viven en los territorios más afectados, incluidas las comunidades indígenas, los pastoralistas, los productores de alimentos a pequeña escala, las personas sin tierra, los niños, los huérfanos y las personas con discapacidad, así como los refugiados y los desplazados internos. Los derechos de las mujeres son de capital importancia: en épocas de crisis alimentarias y conflictos, el patriarcado dominante deja a las mujeres como las personas más inseguras y vulnerables al hambre pero, al mismo tiempo, están en la vanguardia de la lucha para procurar alimentos para sus familias y para ellas mismas.  Es necesario un enfoque continuado para la protección y el cumplimiento de los derechos de la mujer, con miras a asegurar su inclusión activa y significativa en la toma de decisiones en relación con la producción de alimentos y las políticas y programas de consumo, su acceso a la tierra y los recursos naturales y al control de los mismos.

En cuarto lugar, el CSA debería promover la rendición de cuentas de los distintos actores que se enfrentan a las crisis alimentarias. Debería apoyar el compromiso de una nueva forma de trabajo contraído durante la Cumbre Humanitaria Mundial en 2016 que insiste en colmar la brecha entre el ámbito humanitario y el de desarrollo. Asimismo, debería fomentar los sistemas alimentarios locales, promover los enfoques transformadores para la agricultura, fortalecer las organizaciones locales y apoyar los planes controlados por los países.

En quinto lugar, el CSA debería promover las respuestas rápidas a las crisis alimentarias previstas; ese tipo de respuestas reduce los costos humanitarios y evita el sufrimiento humano y las pérdidas de desarrollo. El CSA podría apoyar una conferencia sobre acciones tempranas en 2018 para presentar los datos relacionados con esas acciones, y aumentar el compromiso de los donantes para la financiación de acciones tempranas relacionadas con soluciones sostenibles a largo plazo.

Por último, los miembros del CSA deberían alentar los mecanismos dirigidos y controlados por los países que persiguen soluciones políticas justas y sostenibles frente a los conflictos. Por ejemplo, en Yemen, donde el 60 % de la población padece hambre y el cólera se ha extendido por todo el país de una forma sin precedentes, un alto el fuego inmediato e incondicional y la eliminación del bloqueo de puertos y aeropuertos, además del permiso de asistencia humanitaria, son vitales para detener el inaceptable sufrimiento humano. Los ODS nunca se lograrán sin la voluntad política de acabar con las guerras, los conflictos y la violencia. Sin paz no puede haber seguridad alimentaria.

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