• Declaración de Patti Naylor (National Family Farm Coalition), integrante del Comité de Coordinación del MSCPI y coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Datos, en la Sesión Plenaria del CSA 51, durante la aprobación de las Recomendaciones del CSA sobre las políticas relacionadas con la mejora de los instrumentos de recopilación y análisis de datos sobre la seguridad alimentaria y la nutrición. 

Ya se están recopilando enormes cantidades de datos, a menudo monopolizados por empresas poderosas, que no impulsan las políticas necesarias.

Gracias, Presidente,

Me llamo Patti Naylor. Soy agricultora en Estados Unidos y co-coordinadora del grupo de trabajo de datos del MSCPI.

Queremos dar las gracias al presidente, Anthony Muriithi, de Kenia, por llevar a cabo un proceso inclusivo y transparente para llegar a este proyecto de recomendaciones políticas.

También queremos dar las gracias a los Estados miembros que han apoyado este proceso político y algunas propuestas clave del MSCPI.

Como Mecanismo de la Sociedad Civil y de los Pueblos Indígenas, consideramos un éxito que este documento se enmarque para mostrar que la recopilación y el uso de datos deben servir a la realización del derecho a la alimentación.

También pudimos ampliar la definición de datos, yendo más allá de los datos digitales para reconocer la importancia de los datos cualitativos y cuantitativos y los diversos métodos indígenas y tradicionales de recopilación, análisis y uso de datos.

Valoramos que se haya mantenido la sección sobre gobernanza, aunque de forma muy debilitada, mientras que la gobernanza de los datos ya está demostrando ser una parte clave de los sistemas alimentarios democráticos.

Lamentablemente, este proyecto de recomendaciones políticas se queda corto en muchos aspectos. No se abordan los graves riesgos derivados de las tecnologías basadas en datos para las personas productoras de alimentos, lxs trabajadores del sistema alimentario, consumidores, el medio ambiente y la futura seguridad alimentaria. Los riesgos que identificamos van desde la vigilancia y las violaciones de la privacidad hasta el control monopolíco de los derechos de propiedad intelectual y las patentes, pasando por el control corporativo del sistema alimentario mundial.

La narrativa de más datos como herramienta definitiva para lograr la seguridad alimentaria sigue presente en el documento, mientras que la realidad es que ya se están recopilando enormes cantidades de datos, a menudo monopolizados por poderosas empresas, que no impulsan las políticas necesarias.

Durante las negociaciones, nos inquietó la reticencia de los Estados miembros a reconocer y abordar la realidad del poder empresarial sobre los datos y las tecnologías basadas en datos, incluida la concentración de los beneficios generados por ellos en manos de unos pocos actores empresariales.

Con la mercantilización de los datos, existe un alto riesgo de colonialismo digital. La extracción de datos se une a la explotación del trabajo humano y a la extracción de recursos naturales como herramienta para obtener beneficios y construir poder político y económico por parte de quienes controlan esos datos. El peligro de que este control de los datos socave la soberanía de los Estados es real. Por este motivo, nos preocupó especialmente la escasa participación de países del Sur Global en las negociaciones.

Por otro lado, reconocemos que estas tecnologías podrían ser una baza para sacar a la luz las desigualdades, avanzar en la seguridad y la soberanía alimentarias y hacer frente a las crisis medioambientales y sociales. Sin embargo, esto sólo puede ocurrir si se desarrolla un marco de gobernanza sólido.

La digitalización es real y los gobiernos deben asumir su responsabilidad. Los elementos clave de los debates sobre la gobernanza de los datos de seguridad alimentaria y nutrición serán la definición del papel de los gobiernos y la urgente necesidad de mecanismos de supervisión pública y evaluación de riesgos de las tecnologías basadas en datos.

A medida que se desarrollan nuevas tecnologías, que la gravedad de los riesgos se hace más evidente y que aumentan las exigencias de rendición de cuentas por parte de los gobiernos y las empresas, estos debates en torno a los datos y las tecnologías digitales deben continuar. Nos gustaría hacer hincapié en que el CSA, como órgano político, es el espacio para abordar estas cuestiones y debería incluir estos debates en los próximos procesos y diálogos políticos.

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