Los Diálogos de Gobernanza Colaborativa forman parte del programa de trabajo cuatrienal del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas (CSA) sobre Gobernanza Colaborativa para Respuestas de Política Coordinadas ante Crisis Alimentarias Mundiales Emergentes. Su objetivo es promover un espacio de intercambio sobre la evolución de la situación de seguridad alimentaria y nutrición (SAN), dar seguimiento a las acciones que se están realizando para abordarla, y reflexionar sobre cómo mejorar la respuesta mundial coordinada ante estas crisis, así como sobre el papel que el propio CSA debería desempeñar en esa respuesta.

A diferencia de otros procesos del CSA, este proceso no produce un resultado negociado. Al final no hay Directrices Voluntarias ni Recomendaciones de Políticas. En su lugar, convoca dos diálogos al año en los que gobiernos, agencias de la ONU, sociedad civil y otros actores intercambian experiencias sobre cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y la nutrición, prestando especial atención a las poblaciones y países más afectados. Un informe de la Presidencia del CSA recoge la discusión y alimenta el debate de la Plenaria del CSA sobre El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo.

Para el MSCPI, estos diálogos son importantes porque se sitúan fuera del proceso de negociación basado en el consenso. Son uno de los pocos espacios abiertos en el CSA, y en todo el sistema de la ONU, para escuchar el testimonio directo, el intercambio de conocimientos y el debate, con especial atención a las personas más afectadas por la inseguridad alimentaria y la malnutrición.

En 2026, el CSA convocó dos diálogos: Asequibilidad de las dietas saludables y brechas de datos sobre seguridad alimentaria y nutrición (mayo de 2026); y Abordar las brechas en la información y disponibilidad de datos a través de procesos multiactor en seguridad alimentaria y nutrición (julio de 2026). El MSCPI participó en ambos como parte del Equipo Técnico de Trabajo, junto con otros actores, en la preparación de los diálogos, y facilitando la participación de las personas titulares de derechos como ponentes y asistentes.

A continuación compartimos los mensajes clave transmitidos por las y los participantes del MSCPI.

Asequibilidad de las dietas saludables (7 de mayo de 2026)

Ponente del MSCPI: Ximena Moreno, Brasil/Chile, de URGENCI y del Comité de Coordinación del MSCPI.

El MSCPI sostuvo que la inasequibilidad de las dietas saludables no es una falla de mercado aislada, sino el resultado estructural de un sistema alimentario construido en torno al beneficio antes que a la sostenibilidad, el respeto por la cultura o el derecho a la alimentación. Llamó a un cambio de la agricultura industrial intensiva en insumos hacia la agroecología, y a políticas públicas, como programas de compras públicas que adquieran directamente a productoras y productores agroecológicos a pequeña escala para escuelas y hospitales, que hagan que la alimentación saludable sea accesible y financieramente viable para quienes la producen.

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ALIMENTAR CUERPOS, CUIDAR DE TERRITORIOS:

RESPUESTAS AL COSTO DE COMER BIEN”

Buenas tardes a todos y todas: 

Primero que todo me gustaría destacar que los alimentos deben entenderse en todas sus dimensiones, no solo como un producto a ser consumido.

Los alimentos producidos en monocultivos con agrotóxicos tienen alto impacto en la salud individual y colectiva de las personas que los consumen, y de quienes los cultivan, y también en los ecosistemas.

La alimentación es mediada por contratos sociales, para ser saludables deben ser decididas a partir de las relaciones que se establecen entre agricultores, ganaderos, pescadores, marisqueras, recolectoras y las personas que se alimentan, los ecosistemas, nuestras tradiciones y nuestros roles de género, en contraposición a una alimentación ultraprocesada, desconectada y llena de implicaciones comerciales. ¡Nuestros debates sobre la alimentación deben visibilizar estas relaciones!

Al hablar de dietas saludables, es fundamental comprender cómo la alimentación se relaciona con los sistemas socioagrícolas desde el cultivo, procesamiento, hasta su disponibilización. Estos son elementos clave para la asequibilidad! 

Segundo punto es que la inasequibilidad de las dietas saludables es una consecuencia estructural que refleja las desigualdades más profundas arraigadas en los sistemas económicos y socioagroalimentarios actuales.

Por un lado, la mercantilización de los alimentos y el sistema económico capitalista que prioriza el lucro por encima de la sostenibilidad ambiental, la cultura y el derecho a la alimentación. De otro lado, actores privados y filantrópicos poderosos que moldean las políticas y la toma de decisiones a favor de los sistemas alimentarios industriales capitalistas, basados en el sistema del complejo agroextrativista.

No puede ser que los países que tienen más tierras productivas estén exportando comodities, contaminando sus territorios y que su población no consiga comprar alimentos saludables. 

Necesitamos promover las agriculturas de procesos y no la agricultura de insumos, ya que esta está destinada a estar continuamente influenciada por las crisis internacionales.

La agricultura agroecológica esta amparada en la organización sistémica de los territoritos, fomentando la alta biodiversidad, mejorando las interacciones ecológicas, incluyendo animales y organizando los flujos de residuos para transformarse en insumos de bajo costo y alto impacto en la vivificación de los suelos y la mantención de las comunidades en sus territorios.

Tercer punto estratégico para nosotros es que las políticas públicas deben orientarse a abordar los desafíos sistémicos que garanticen la disponibilidad y el acceso a alimentos y dietas saludables, especialmente para quienes no pueden pagarlos. 

Las políticas alimentarias públicas deben alinear con las políticas de alimentación, comercio e inversión para apoyar el cultivo local y diversificado, los mercados territoriales, las comunidades que sustentan la agricultura y otras formas de economías solidarias. 

El financiamiento público debe llegar a las personas que cultivan alimentos en pequeña escala, con a prácticas agrícolas social y culturalmente adecuadas.

Deben promover salarios dignos y la protección social, y regular la publicidad engañosa de productos ultraprocesados. 

Es importante educar consumidores urbanos para elegir alimentos saludables, socialmente justos y ambientalmente adecuados. Sin embrago no podemos olvidar que las personas que más pasan hambre en las periferias de las ciudades son mujeres con un color especifico de piel. Por esto deben apoyarse las compras públicas que garanticen alimentos saludables para escuelas, hospitales y otros equipamientos, y que a su vez den salud financiera para los agricultores. Por ejemplo, Brasil tiene un programa nacional de alimentación escolar que compra los alimentos directamente de productores agroecológicos por medio del programa de adquisición de alimentos. Sin embargo, vemos con profunda preocupación cuando los gobernantes deciden eliminar los programas de alimentación escolar, dejando millones de niños desamparados y destinados a sufrir hambre y subnutrición.

Por otro lado no podemos olvidar que también son necesarias políticas de salud que estimulen acciones permanentes en los sistemas alimentares urbanos, tanto para educación como para cultivo de los alimentos. Un ejemplo de una política pública que surge de bajo para cima son los huertos agroforestales medicinales biodinámicos, que son espacios de convivencia y producción de alimentos y plantas medicinales dentro de las unidades públicas de salud en Brasilia, capital de Brasil.

El cuarto punto que queremos destacar es la necesidad de establecer espacios de gobernanza participativa dentro de los gobiernos. 

Por ejemplo, Brasil que crea y financia el Consejo Nacional de Seguridad Alimentar y Nutricional, donde el estado, sociedad civil y académicos se encuentran para analizar la mejor forma para que los alimentos saludables lleguen para todos. Este tipo de acciones han sido fundamentales para que Brasil haya salido nuevamente del mapa del hambre.

Antes de terminar tengo que reforzar que em 2022 esta casa reconoció el derecho a un ambiente limpio, saludable y sustentable como un derecho humano fundamente, por eso debemos pensar juntos un programa para disminuir la fabricación y uso de agrotóxicos, y otras prácticas poco amigables con nuestros territorios, ya que esto nos está matando, a veces de forma rápida o de forma lenta, con diversas enfermedades.

Finalmente, no puedo dejar de recordar que el derecho humano a la alimentación adecuada es un derecho fundamental, por eso no podemos callarnos ante el uso del hambre como arma de guerra.

El mundo necesita de puentes solidarios, no de guerras despiadadas. 

Muchas gracias!

Abordar las brechas en la información y disponibilidad de datos en seguridad alimentaria y nutrición (16 de julio de 2026)

Ponente del MSCPI: Lisa Shahin, Jordania/Palestina, Arab Group for the Protection of Nature / miembro del Comité de Coordinación del MSCPI.

Lisa Shahin advirtió que en contextos de guerra y ocupación los datos pueden convertirse en un arma en sí mismos. Señaló el ciberataque de 2025 que expuso los datos de aproximadamente 600.000 hogares de Gaza inscritos para recibir asistencia humanitaria, así como la asociación del Programa Mundial de Alimentos en materia de plataforma de datos con Palantir, una empresa vinculada a la tecnología militar israelí, y llamó a un nuevo marco de gobernanza de datos humanitarios basado en derechos y fundamentado en la soberanía.

**Traducción no profesional 

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Mi nombre es Lisa Shahin, del Grupo Árabe para la Protección de la Naturaleza. Soy miembro del Comité de Coordinación del CSIPM y actúo como facilitadora para la región de Asia Occidental.

Hoy ya se ha hablado mucho sobre la importancia de contar con mejores datos para la seguridad alimentaria y la nutrición. Me gustaría centrarme, en cambio, en lo que con demasiada frecuencia se omite en estos debates: la gobernanza de los datos en contextos de guerra, ocupación y crisis prolongadas.

El CSIPM ha planteado sistemáticamente esta preocupación desde las negociaciones sobre las Recomendaciones de Política del Comité de Seguridad Alimentaria (CFS) sobre datos de seguridad alimentaria y nutrición (FSN) en 2023. No debemos olvidar que los datos nunca son objetivos ni neutrales. Cada etapa de su recopilación, análisis, propiedad y uso refleja supuestos, intereses y relaciones de poder específicos. Los datos pueden manipularse para servir a objetivos políticos, militares o corporativos, a costa de los derechos y los medios de vida de las mismas personas de quienes se recopilan.

Sin una supervisión humana, las tecnologías de recopilación de datos también corren el riesgo de convertirse en instrumentos que afianzan la apropiación y la explotación de la tierra, el agua, las semillas y otros recursos esenciales para la vida.

Tenemos la obligación colectiva de garantizar que los derechos humanos ocupen un lugar central en la gobernanza de los datos. Esto significa que quienes tienen derechos determinen cómo se producen y utilizan sus datos. Sin embargo, en muchos contextos, somos testigos de la extracción y el intercambio de datos sin consentimiento, sin derechos significativos de acceso, rectificación, transferencia o eliminación, y de una vigilancia cada vez mayor por parte tanto de los gobiernos como de los actores privados. En contextos de guerra y ocupación, estos riesgos se multiplican exponencialmente, ya que los datos en sí mismos pueden convertirse en un arma y la información humanitaria puede utilizarse para facilitar la inanición, el desplazamiento y el genocidio.

Estamos presenciando precisamente estos peligros en Gaza. El ciberataque dirigido contra el Programa Mundial de Alimentos dejó al descubierto la información personal de aproximadamente 600 000 hogares, recopilada a través de los sistemas de registro de asistencia humanitaria. Esto no debe considerarse simplemente como un incidente de ciberseguridad. Fue un ataque dirigido contra una base de datos humanitaria extremadamente sensible relacionada con una población que sufre un genocidio, una hambruna provocada por el hombre y una vigilancia generalizada; una población que se ve obligada a entregar información personal para acceder incluso a las necesidades más básicas para la supervivencia, como alimentos, agua y ayuda humanitaria.. 

Los riesgos no se limitan a la filtración en sí. También plantean cuestiones más amplias sobre cómo se regulan los datos humanitarios, quién tiene acceso a ellos y las alianzas a través de las cuales se gestionan. Estas preocupaciones se ven agravadas por la alianza del PMA con Palantir, una empresa de software cuya relación con la ocupación israelí está documentada públicamente. En su informe de 2025, la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, afirmó que existen «motivos razonables para creer» que Palantir ha proporcionado tecnología de vigilancia policial predictiva, infraestructura de defensa esencial para software militar y una plataforma de inteligencia artificial que permite la integración de datos del campo de batalla en tiempo real para la toma de decisiones automatizada. En este contexto, los informes indican que Palantir proporciona la plataforma de datos del PMA, la cual integra datos de beneficiarios humanitarios, lo que genera profundas preocupaciones sobre la seguridad y la posibilidad de que estos datos se utilicen con fines belicosos.

Las organizaciones humanitarias tienen la obligación de aplicar los más altos estándares posibles de protección de datos y diligencia debida. Las alianzas con entidades cómplices en facilitar graves violaciones del derecho internacional son incompatibles con estas obligaciones. Nuestro llamado a la rendición de cuentas se dirige a las decisiones institucionales que permiten tales alianzas y no protegen adecuadamente los datos altamente sensibles que las poblaciones que buscan asistencia vital confían a las organizaciones humanitarias.

Por último, exigimos un nuevo régimen de gobernanza de los datos, basado en los derechos humanos y la soberanía de los datos. Dicho marco debe definir los límites legítimos de la recopilación de datos y prohibir aquellas formas de procesamiento de datos que socaven o ataquen deliberadamente la autonomía, la dignidad y la autodeterminación individuales o colectivas.

Dentro de este marco, instamos a la adopción de salvaguardias mucho más sólidas para prevenir la exposición y el uso de los datos humanitarios como arma, junto con una reevaluación exhaustiva de los procesos de alianzas y adquisiciones para garantizar el pleno cumplimiento del derecho internacional.

Gracias.

Ponente del MSCPI: Tai Pelli, Consejo Internacional de Tratados Indios / United Confederation of Taíno People, Grupo de Trabajo de Datos del MSCPI.

Tai Pelli aportó al panel una perspectiva de los Pueblos Indígenas sobre la soberanía de los datos, describiendo décadas de extracción de conocimientos y recursos indígenas sin consentimiento ni reparto de beneficios, y el impacto creciente de los centros de datos sobre el agua y la tierra en los territorios de los Pueblos Indígenas o cerca de ellos. Pidió que el Consentimiento Libre, Previo e Informado, fundamentado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), sea la base no negociable de cualquier marco de gobernanza de datos que afecte a los Pueblos Indígenas.

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«Una realidad y perspectiva indígena sobre la soberanía y la gobernanza de los datos y los derechos de los pueblos indígenas»

Taigüey, ituno kena itiaono, D’iri ka Tai Pelli kena Daka Boriken Taino. Buenos días, hermanas y hermanos. Mi nombre es Tai Pelli y soy borikén taíno, lo que tal vez reconozcan como Puerto Rico. Actualmente resido en los Estados Unidos.

El pasado mes de abril, asistí a la Segunda Cumbre sobre Soberanía y Gobernanza de los Datos de los Pueblos Indígenas, organizada por la Universidad de Arizona. Aunque, por razones de tiempo, no puedo abarcar todos los problemas a los que nos enfrentamos como pueblos indígenas en lo que respecta a la soberanía y la gobernanza de los datos, me gustaría destacar algunos aspectos que revisten una importancia extrema y urgente. También compartiré con ustedes posibles soluciones como pueblos indígenas, así como acciones que puedan ayudarnos a garantizar la protección de nuestros derechos, incluyendo el empoderamiento y la educación de nuestros propios pueblos indígenas. Debemos proteger y comprender las ramificaciones de la inteligencia artificial; la extracción de datos; la digitalización; y el impacto en nuestros recursos hídricos y otros recursos naturales, incluidas nuestras tierras y territorios indígenas. Debemos ser proactivos en la preparación para el tsunami —(soy isleño)— que todo esto puede suponer para nosotros, si no tomamos medidas de prevención.

Aunque llevo un par de décadas dedicándome a la defensa internacional de los derechos humanos de los pueblos indígenas y he sido defensora sociocultural desde muy temprana edad, cuando empecé a oír hablar de los «datos indígenas» hace unos años, supuse que se trataba simplemente de cifras estadísticas. Cuando finalmente me enteré de todas las áreas que abarca este término, me preocupé muchísimo. La mayoría de nuestros pueblos tienen poca o ninguna idea de lo complejo que es este tema y de lo atrasados que estamos en garantizar la protección de nuestros datos.

Durante muchas décadas, los pueblos indígenas han sido objeto de estudios sin que se compartieran los beneficios ni se informara a los pueblos sobre los resultados. En todo caso, fueron objeto de estudios continuos sobre los estudios, todo ello sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos involucrados.

Mientras se menosprecia de manera generalizada, e incluso públicamente, el valor de los conocimientos, las ciencias y las tecnologías indígenas, vemos una y otra vez cómo esa misma información se extrae de nuestros pueblos y luego se comercializa sin ningún tipo de reciprocidad. Nuestras medicinas tradicionales; nuestros sistemas agrícolas —incluido, por ejemplo, el cultivo de cosechas saludables sin el uso de pesticidas, o nuestras tecnologías de riego—; nuestras prácticas espirituales; los trabajos con cuentas y otras formas de arte indígena; nuestras ceremonias; nuestras prácticas de partería; nuestras canciones; la biopiratería… son solo algunos ejemplos de áreas que han sido blanco de la extracción de datos.

Actualmente, en Estados Unidos, leemos sobre el número de comunidades no indígenas que están estableciendo políticas locales para garantizar que no se instalen centros de datos en sus comunidades. Curiosamente, de lo que no se habla son las numerosas comunidades indígenas que ya están enfrentando los impactos de los centros de datos en sus tierras y territorios ancestrales o cerca de ellos, y cuántas de ellas ya están sufriendo escasez de agua. Esto no solo está sucediendo en Estados Unidos, sino también en otros países de América Latina, así como en otras partes del mundo.

¡Ni toh kakuhu! ¡El agua es vida! Los pueblos indígenas ya están soportando los impactos de la violencia ambiental y el racismo ambiental tal como están las cosas, y desviar los limitados recursos hídricos hacia estos centros de datos no solo es perjudicial para la vida humana, sino también para nuestra flora, nuestra fauna y nuestra agricultura, y tiene un impacto tremendo e inconmensurable en los aspectos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas. Es una amenaza para nuestros modos de vida, la sostenibilidad y la preservación cultural.

Durante la Cumbre, identificamos la necesidad de:

Educación: utilizar términos sencillos para que tanto los jóvenes como los mayores comprendan el significado de la soberanía y la gobernanza de los datos, lo que esto implica y cómo establecer protocolos específicos para los pueblos indígenas. Fortalecimiento de la capacidad comunitaria y sesiones de capacitación de capacitadores sobre objetivos, métodos de recolección de datos, técnicas de medición e indicadores. Integrar la interseccionalidad: educación, economía e investigación.

Fomentar el diálogo intergeneracional: los mayores tienen el don de conocer nuestras tradiciones, mientras que nuestros jóvenes se sienten más cómodos utilizando la tecnología moderna. Los mayores tienen las historias y el conocimiento, y los jóvenes y adultos jóvenes poseen los conocimientos prácticos, son expertos en informática y pueden ser creativos con la tecnología de datos.

Fomentar las alianzas, incluidas aquellas con otros pueblos indígenas que hayan establecido protocolos para su soberanía de datos y puedan aportar perspectivas basadas en sus experiencias.

Una de las sugerencias fue que los pueblos y comunidades indígenas creen sus propios pequeños centros de datos y «iClouds».

Y como el tiempo se está acabando, haré hincapié en lo que, en mi opinión, es lo más importante: crear protocolos y marcos que utilicen un enfoque basado en los derechos como fundamento. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas representa los estándares mínimos. No aceptaremos nada que esté por debajo de esos estándares mínimos. Debemos promover y fomentar protocolos de consentimiento libre, previo e informado basados en las decisiones tomadas por los propios pueblos indígenas. Ya se trate de inteligencia artificial, extracción de datos, digitalización o cualquier otra cosa que afecte a los pueblos indígenas, debe realizarse con el consentimiento de los pueblos indígenas en cuestión. Les recuerdo a todos que la consulta es el medio para obtener el consentimiento. Un proceso de consulta sin el ejercicio del consentimiento libre, previo e informado constituye una violación de nuestros derechos. La soberanía y la gobernanza de los datos indígenas solo pueden lograrse mediante el pleno respeto y la aplicación de nuestros derechos. Sin embargo, y como siempre destaco: «Si no entendemos cuáles son nuestros derechos, no hay forma de que podamos defenderlos».

Invito a los Estados Miembros a leer el estudio de 2025 del Relator Especial sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas, que subraya los efectos negativos de equiparar a los pueblos indígenas con las comunidades locales.

Espero que los derechos de los pueblos indígenas estén en primer plano en las decisiones que se tomen en este ámbito. Hahom. Gracias.

¡Únase a la conversación!

Si desea dar seguimiento a este proceso, compartir su experiencia o contribuir a construir las posiciones del MSCPI de cara al próximo diálogo, únase al Grupo de Trabajo del MSCPI sobre Gobernanza Alimentaria Mundial.

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