El informe SOFI se presentó en esta sesión, en el transcurso de la cual las distintas delegaciones de los Estados Miembros y el MSCPI expresaron su grave preocupación por la persistencia del hambre que afectó hasta a 720 millones de personas en 2024, además de destacar que la inseguridad alimentaria sigue por encima de los niveles previos a la pandemia de COVID-19. En los debates se ha destacado que, entre otros factores, los conflictos, el cambio climático, los reveses económicos, las restricciones comerciales, la pobreza, las desigualdades, la pérdida de biodiversidad, la degradación ambiental y la escasez de agua exacerban la inseguridad alimentaria.
En una de sus conclusiones más destacadas, el Comité condenó taxativamente el uso del agua y los alimentos como armas de guerra y recordó que el derecho internacional humanitario prohíbe el uso del hambre contra la población civil como método bélico. La Plenaria tomó nota de las recomendaciones definidas en la Clasificación integrada de la seguridad alimentaria y la fase humanitaria (CIF) por las que se declaró una hambruna en curso en Gaza y en Sudán, y pidió un acceso humanitario inmediato, seguro y sin restricciones a bienes y servicios esenciales como alimentos y agua para la población.
Estas deliberaciones también tuvieron lugar en el contexto del 10º aniversario del Marco de Acción del CSA para la seguridad alimentaria y la nutrición en situaciones de crisis prolongadas (MA), e hicieron hincapié en la urgencia que revisten su implementación y monitoreo. Lisa Shahin (Jordania/Palestina), del Grupo Árabe para la Protección de la Naturaleza y la Red Árabe para la Soberanía Alimentaria, e integrante del Comité de Coordinación del MSCPI, pronunció una declaración en la que reafirmó que el uso del hambre como arma constituye una violación grave de los derechos humanos y exigió la implantación de mecanismos internacionales de rendición de cuentas contra todos los actores implicados en la explotación, la destrucción y el uso como arma de la tierra, el agua, los recursos naturales y los sistemas alimentarios locales. El MSCPI recordó que el CSA puede desempeñar una función única a la hora de coordinar iniciativas y políticas para la seguridad alimentaria y la nutrición, garantizando la rendición de cuentas, la solidaridad y la justicia para los pueblos afectados.
Declaración pronunciada por Lisa Shahin (Jordania/Palestina), del Grupo Árabe para la Protección de la Naturaleza y la Red Árabe por la Soberanía Alimentaria, en la 53ª Sesión Plenaria del CSA 53 el 20 de octubre de 2025, durante el punto II del programa “Informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2025 (SOFI)” el 20 de octubre de 2025.
Gracias, señora Presidenta.
Me llamo Lisa Shahin, formo parte del Grupo Árabe para la Protección de la Naturaleza y la Red Árabe para la Soberanía Alimentaria y facilito la participación del Asia Occidental en el MSCPI.
El año pasado, empezamos nuestra intervención denunciando el uso deliberado de los alimentos como arma de guerra. Este año, nos volvemos a presentar ante ustedes horrorizados por la persistencia de estos crímenes, y por el hecho de que la inacción mundial y la continuación del apoyo financiero sigan impulsándolos.
En su momento pedimos medidas urgentes y rendición de cuentas por el genocidio y la guerra de hambruna en Gaza. No se hizo nada. ¿El resultado? En agosto de 2025 se declaró formalmente la existencia de una hambruna de origen humano en Gaza. Es decir, 18 meses tarde y después de meses y meses de caso omiso a las advertencias.
Los datos oficiales hablan de 440 personas muertas, entre ellas 147 niños y niñas, por la hambruna y la deshidratación, una cifra que casi sin lugar a dudas será muy inferior a la real. Hablamos de 440 palestinos condenados a muerte por hambruna a unos pocos kilómetros de la ayuda alimentaria que se dejó pudrir en la frontera. Esta crueldad será recordada. También la cifra estimada de 680 000 palestinos asesinados directa e indirectamente por la maquinaria del genocidio. El 85 % de Gaza yace ahora en ruinas, y el 98,5 % de sus tierras de cultivo han quedado dañadas o son inaccesibles; además, para septiembre de 2025, más del 90 % de sus embarcaciones y aparejos de pesca habían sido destruidos, haciendo prácticamente imposible la pesca porque la armada israelí sigue disparando, deteniendo y atacando a quienes se atreven a aventurarse en el mar incluso en momentos de hambruna.
Ahora hay un supuesto “alto el fuego”, pero la ocupación israelí ya lo ha infringido en 80 ocasiones desde que entró en vigor, igual que sigue infringiendo el alto el fuego en el Líbano. Ayer mismo, la ocupación llevó a cabo 100 ataques aéreos en Gaza. En los últimos 10 días se ha matado a 97 palestinos. El paso de Rafah sigue cerrado, y el acuerdo de permitir la entrada diaria de 600 camiones ya se ha roto y apenas ingresan la mitad. La ocupación israelí prohíbe el paso de la población gazatí a más de la mitad de su territorio, donde se incluye una gran parte del suelo agrícola. Mientras, insumos agrícolas como las semillas permanecen bloqueados, lo que desbarata cualquier intento de recuperación de los sistemas alimentarios locales.
Por lo tanto, cabe preguntarnos: ¿estamos ante un alto el fuego o una restructuración del genocidio?
En Cisjordania, la intensificación de la violencia de los colonos y la anexión ilegal de territorios sigue expulsando a los agricultores y sus familias, y de ese modo quedan destruidos los medios de vida y las propias comunidades que llevan cultivando sus tierras durante generaciones. Tan solo en 2024, se llegaron a confiscar 25 000 dunums, la cifra más alta desde los Acuerdos de Oslo, además de seguir adelante con más de 28 000 planes y licitaciones de asentamientos ilegales.
El uso de los alimentos como arma no se restringe a Palestina. Lo vemos con claridad en otros países como el Líbano, Yemen, Sudán y el Congo. Por eso debemos hacer más. Exigimos mecanismos internacionales de rendición de cuentas contra todos los actores implicados en la explotación, la destrucción y el uso como arma de la tierra, el agua, los recursos naturales y los sistemas alimentarios locales, desplazando por la fuerza a campesinos y campesinas, Pueblos Indígenas, pescadores y pescadoras, pastoralistas y otros sectores de la población. Estos mecanismos de rendición de cuentas deben incluir sanciones y contramedidas legales.
Los sectores que conformamos el MSCPI exigimos una reforma agraria de verdad y acogemos con agrado la organización por parte de Colombia de la Segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria. Los sistemas alimentarios anclados en la justicia, la paz y el respeto al medio ambiente exigen desmantelar las desigualdades estructurales y abordar la concentración corporativa presente en los sistemas alimentarios.
Destacamos la importancia de plataformas inclusivas de gobernanza como el CSA, donde se escucha de manera efectiva la voz de quienes son titulares de derechos. Felicitamos a la presidenta del CSA por el liderazgo mostrado y la labor llevada a cabo durante sus dos años de mandato. Agradecemos las dos sesiones satisfactorias de diálogo organizadas este año en el marco de la línea de trabajo sobre gobernanza colaborativa para respuestas políticas coordinadas. Felicitamos también a la presidenta del CSA por su magnífico informe resumido. Instamos al CSA a aprovechar al máximo este espacio para señalar y abordar las crisis alimentarias emergentes, debatir sobre problemas estructurales y controvertidos, con especial prioridad para los países y grupos más afectados, y cumplir con su mandato de coordinar la arquitectura de gobernanza multilateral. El MSCPI considera al CSA como un espacio legítimo para la participación significativa en el que las decisiones las toman los países, no un pequeño grupo de interlocutores, y espera que así quede reflejado en el informe final del CSA.
Ante el contexto mundial actual y las dificultades a las que se enfrenta el multilateralismo, el CSA puede desempeñar una función única, gracias a su naturaleza inclusiva y su mandato relativo al derecho a la alimentación, de coordinación de las iniciativas y políticas para la seguridad alimentaria y la nutrición, en especial en el contexto de las reformas propuestas para la FAO y las Naciones Unidas. El GANESAN puede tener un papel crucial al aportar un asesoramiento empírico exhaustivo sobre cómo priorizar la gobernanza alimentaria mundial a través de una mayor coordinación con esas reformas.
Por último, ahora que se acerca el 10º aniversario del Marco de Acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en situaciones de crisis prolongadas (MA) por el que hemos luchado las comunidades afectadas, debemos formularnos la siguiente pregunta: ¿cómo es posible celebrar marcos a los que se hace caso omiso mientras mueren de hambre poblaciones enteras?
El MA tenía por objeto orientar las acciones destinadas precisamente a estos contextos, pero sus principios se conculcan de manera rutinaria. Ha llegado el momento de revivir, aplicar y llevar a la práctica el MA, transformarlo en estructuras y procesos claros y repartirse sus funciones y obligaciones para su cumplimiento, no conmemorarlo desde un plano abstracto.
Gracias.
- Informe del 53er periodo de sesiones del CSA
- Informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2025
- Marco de Acción del CSA para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas
- Informe resumido del CSA sobre Gobernanza colaborativa para dar una respuesta política coordinada a las crisis alimentarias mundiales incipientes en pos de una transformación sostenible del sistema agrícola y alimentario
- Resumen del Foro de alto nivel del CSA sobre cómo hacer frente al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación de la tierra a través del derecho a la alimentación
- Nota de antecedentes del Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición para el Foro de alto nivel del CSA sobre cómo hacer frente al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación de la tierra a través del derecho a la alimentación