El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA)  realizó un evento público el 22 de noviembre sobre su línea de trabajo sobre “Reducir Desigualdades para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición.”  Realizado en modalidad híbrida, el evento convocó a todas las partes interesadas del CSA y otras institucinoes relevantes, incluídos miembros, organismos de Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, así como instituciones financieras y de investigación agrícola internacionales. 

Saima Zia, secretaria del Comité Kissan Rabita de Pakistán, miembro de La Vía Campesina y del Comité de Coordinación del MSCPI, facilitó la participación del colectivo de agricultores a pequeña escala y agricultores familiares, asimismo presentó la declaración colectiva preparada con las aportaciones del Grupo de Trabajo sobre Desigualdades del MSCPI.

Hola. Me llamo Saima Zia. Soy representante del Comité Kissan Rabita del Pakistán y del movimiento campesino internacional La Vía Campesina.

El MSCPI quiere dar las gracias al presidente y a la Secretaría del CSA por convocar este acto sobre la reducción de las desigualdades. El CSA debe seguir escuchando las voces de las personas más afectadas por la inseguridad alimentaria y la malnutrición.

No obstante, no basta con que los Estados miembros se limiten a escuchar lo que tenemos que decir. Se precisa urgentemente una acción normativa multilateral y concreta en respuesta a nuestras propuestas y reivindicaciones.

El GANESAN ha dejado muy claro al CSA que el statu quo ya no es una opción. Realizar el derecho a la alimentación requiere cambios de políticas críticos y una transformación radical de los sistemas alimentarios centrados principalmente en la equidad y la sostenibilidad.

Hoy queremos recalcar por qué es fundamental considerar la interseccionalidad a la hora de desarrollar enfoques de políticas y encontrar puntos de entrada para reducir y eliminar las desigualdades.

Las desigualdades dentro y fuera del sistema alimentario han sido parte integrante del dominio colonial del capitalismo. La creciente concentración corporativa, el aumento de la deuda, la evasión fiscal, las medidas de austeridad y la dependencia de las importaciones de alimentos son testimonio de este sistema colonial propenso a las crisis. Con las persistentes consecuencias de la pandemia de la COVID-19 y la guerra en Ucrania, los países apenas tienen margen para hacer frente al aumento de los precios de los alimentos y los combustibles, la volatilidad de los mercados de materias primas y la especulación financiera.

Los efectos devastadores de la COVID-19 y las consecuencias destructivas que el cambio climático está teniendo en las comunidades más vulnerables de mi país y de todo el mundo, están estrechamente relacionados con las injusticias económicas, sociales y medioambientales provocadas por las políticas neoliberales y un sistema alimentario basado en la producción agrícola intensiva orientada a la exportación, las cadenas de suministro mundiales y la provisión de alimentos dirigida por el mercado.

Durante la crisis de la COVID-19, las respuestas de las comunidades han fomentado los valores de solidaridad, resiliencia, sostenibilidad y dignidad humana. No obstante, las políticas gubernamentales y el apoyo financiero han favorecido sobre todo a las corporaciones, los grandes productores y las cadenas de suministro mundiales, garantizándoles el capital y la mano de obra que necesitan para seguir manteniendo sus operaciones. Esto se produjo a expensas de los sistemas alimentarios locales, lo que creó penurias y agravó la inseguridad alimentaria.

La interseccionalidad nos exige adoptar un enfoque particular y considerar las diferentes formas en que el actual sistema alimentario perjudica, empobrece y margina sistemáticamente a las mujeres y las personas con diversidad de género, la juventud, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, los trabajadores mayores, las personas migrantes, las refugiadas, las personas racializadas, las que viven y trabajan en las zonas rurales y otros grupos similares.

También nos gustaría señalar que ya existen muchas medidas y políticas para reducir las desigualdades. Las DVGT (Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra), la UNDROP (Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales) y la UNDRIP (Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas) son ejemplos de políticas inclusivas, interseccionales y basadas en los derechos humanos, así como reivindicaciones tangibles del movimiento campesino, los trabajadores agrícolas, los pescadores artesanales y los pastoralistas. 

Pero hasta hace poco no se habían reunido de manera interseccional a nivel de políticas mundiales. La línea de trabajo sobre desigualdades nos brinda la oportunidad de crear coherencia entre todos los instrumentos de políticas del CSA, buscando especialmente complementariedades con las líneas de trabajo sobre género y juventud.

Otros organismos de las Naciones Unidas también han realizado una valiosa labor en relación con la reducción de las desigualdades. El informe principal del Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD) sobre la reducción de las desigualdades, publicado a principios de noviembre, señala que la crisis actual no es un defecto del sistema, sino una característica del mismo. No podemos simplemente reverdecer el sistema con políticas ad hoc, necesitamos un cambio sistémico a gran escala con un cambio de paradigma.

El MSCPI aboga firmemente por políticas de protección social universal para apoyar a las familias y comunidades que se enfrentan al aumento de los precios, y que aborden realmente las desigualdades. Las economías sociales y solidarias pueden hacer frente a muchos de los síntomas y causas originarias del fracaso de nuestro sistema alimentario.

No estamos hablando de medidas utópicas o irrealizables, ya existen ejemplos de marcos de políticas equitativos y basados en los derechos humanos y la justicia social, solo necesitan ser ampliados, apoyados y puestos en práctica.

Pensemos en la Bolsa Familia introducida en el Brasil en 2007, una renta básica de seguridad alimentaria que se basa en la vinculación de la producción localizada de alimentos agroecológica y ecológica a pequeña escala para comidas escolares, y un ministerio fuerte para la economía solidaria, así como un ministerio para los agricultores a pequeña escala. Esta ha demostrado garantizar un enfoque interseccional del derecho a la alimentación, incluyendo tanto a productores indígenas como a consumidores.

Varios grupos de OSC en Europa y más allá reclaman hoy medidas de protección social alimentaria. Porque tiene sentido, si los campesinos y los trabajadores rurales reciben una remuneración decente y un salario vital aceptable, podrán entonces permitirse comprar alimentos sanos, pagar sus facturas de energía, acceder a sus lugares de trabajo, y verse menos obligados a abandonar las zonas rurales y pasar a formar parte de las poblaciones urbanas pobres.

Junto a las medidas de economía social y solidaria, necesitamos redistribuir el poder, lo que significa poner fin a las políticas y prácticas perjudiciales. Esta es la tercera crisis de los precios de los alimentos en 15 años. Esto demuestra lo frágiles que son los mercados mundiales de alimentos y cómo los precios están determinados en gran medida por una demanda insostenible, la dependencia y la concentración de poder en las cadenas mundiales de suministro.

Conclusión 

Abordar las desigualdades requiere tomar decisiones políticas y éticas ahora y en el futuro, y esperamos firmemente que el informe del GANESAN por sí mismo, y a través del proceso posterior de convergencia de políticas del CSA, pueda contribuir significativamente a superar las desigualdades en aras de la justicia alimentaria y unos sistemas alimentarios saludables y sostenibles.

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