Zainal Arifin Fuad, de la Unión Campesina de Indonesia, La Vía Campesina, el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria y el MSCPI, transmitió un mensaje esencial al Foro de Alto Nivel del CSA «Afrontar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación de la tierra a través del derecho a la alimentación», celebrado en mayo de 2025: la reforma agraria y las políticas de redistribución de la tierra son soluciones clave para estos retos globales.

Explicó cómo las crisis alimentaria, climática, de biodiversidad, económica, social y geopolítica actuales están interrelacionadas. En su núcleo se encuentran el acaparamiento de la tierra y los bienes comunes, la creciente concentración de la tierra, el crecimiento de los mercados y los bancos de tierras, la agricultura química a gran escala y las políticas comerciales y de inversión que dan prioridad a la producción mundial de productos básicos y a las industrias extractivas.

«Los sistemas alimentarios de los productores de pequeña escala, como los campesinos, los pequeños agricultores, los pescadores artesanales, los pastores, los guardabosques, los jóvenes, las mujeres rurales, los Pueblos Indígenas y los agricultores de montaña, especialmente los que aplican la agroecología, son fundamentales para alimentar al mundo, al tiempo que actúan como guardianes de la tierra, los territorios y los ecosistemas, contribuyendo a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos, y la protección de la biodiversidad. Sin embargo, estos sistemas alimentarios dependen del acceso y el control (propiedad) de la tierra, la pesca, los bosques y otros recursos naturales».

Zainal hizo hincapié en que la reforma agraria y las políticas de redistribución de la tierra pueden aumentar la producción de alimentos, al tiempo que garantizan su diversidad, alta calidad y sostenibilidad. Estas reformas podrían revitalizar las economías rurales, crear puestos de trabajo para los jóvenes y ayudar a las comunidades a salir de la pobreza.

«Las políticas de redistribución de la tierra son una contribución clave a las actuales crisis alimentaria y ecológica, como lo demuestra un informe de 2024 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que exhorta explícitamente a los Estados a aplicar medidas de reforma agraria que promuevan una distribución más equitativa de la tierra y los recursos, en consonancia con las obligaciones en materia de derechos humanos, incluidos los derechos de los Pueblos Indígenas, los campesinos y las comunidades rurales, en el contexto de las políticas climáticas basadas en los derechos humanos».

Durante el panel sobre «Construyendo Nexos: Enfoques integrados para apoyar las Convenciones de Río y el derecho a la alimentación», Zainal destacó los vínculos entre el CSA, la segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD), la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza y el Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar. Y planteó preguntas cruciales:

  • ¿Cómo puede la próxima ICARRD+20 ser un espacio de convergencia para abordar las crisis alimentaria y medioambiental interconectadas y cómo garantizar que sus resultados se incorporen al CSA, la FAO y las Convenciones de Río?
  • ¿Cómo puede la COP 30 sobre el clima contribuir al éxito de la ICARRD+20 y de la Alianza Mundial contra la Pobreza y el Hambre?

Para obtener más información sobre el Foro de Alto Nivel del CSA, visite el sitio web del CSA dedicado a este foro.

Soy Zainal Arifin Fuad, de la Unión Campesina de Indonesia, miembro de La Vía Campesina, del Grupo de Trabajo sobre Tierra y Territorios del Comité Internacional de Planificación de la Soberanía Alimentaria y de la MSCPI.

Les agradezco la oportunidad de intervenir en este panel. Nos encontramos en un momento de múltiples crisis y peligro existencial para la paz y la humanidad: crisis alimentaria, crisis climática y ecosistémica, crisis de la biodiversidad, crisis económica y social y crisis geopolítica. Me refiero a los puntos clave del Informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI) 2024, que señala que el mundo sigue muy lejos de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2 y el Hambre Cero, con una prevalencia mundial de la desnutrición que se mantiene casi al mismo nivel durante tres años consecutivos tras la COVID-19.

Los cinco factores determinantes de esta situación, identificados por el informe SOFI, están estrechamente relacionados con tendencias interconectadas de acaparamiento de tierras y bienes comunes, aumento de la concentración de la tierra, mercado/banco de tierras, agricultura química a gran escala, liberalización de las políticas comerciales y de inversión que dan prioridad a la producción mundial de materias primas y a las industrias extractivas. Estos factores han desposeído a los campesinos, las comunidades rurales y los Pueblos Indígenas, y también han contribuido enormemente al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la destrucción de los ecosistemas. En los últimos años, las falsas soluciones al cambio climático y la destrucción ecológica, como los mercados de carbono, el objetivo de conservación 30×30, las compensaciones de biodiversidad e incluso el uso de la ingeniería genética como semillas para una agricultura climáticamente inteligente, en lugar de la agroecología como agricultura campesina que está enfriando el planeta, se han convertido en una importante amenaza para el derecho a la tierra y los territorios de la población rural y los Pueblos Indígenas.

Los sistemas alimentarios de las personas productoras de alimentos a pequeña escala, como los campesinos, los agricultores de pequeña escala, los pescadores artesanales, los pastores, los guardabosques, los jóvenes, las mujeres rurales, los Pueblos Indígenas y los agricultores de montaña, especialmente aquellos que practican la agroecología, son fundamentales para alimentar al mundo, al tiempo que actúan como guardianes de la tierra, los territorios y los ecosistemas, contribuyendo a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos, y la protección de la biodiversidad.

Sin embargo, estos sistemas alimentarios dependen del acceso y el control (propiedad) de la tierra, la pesca, los bosques y otros recursos naturales.

En vista de esta situación, es una señal positiva y alentadora que el CSA 52 y el Consejo de la FAO hayan respaldado la propuesta de Colombia de celebrar una segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD) en febrero de 2026.

Con la reforma agraria y las políticas de redistribución de la tierra, es posible producir más, pero también producir productos más diversos y de mejor calidad de manera más sostenible. De esta manera, es posible dinamizar las economías rurales y garantizar abundantes puestos de trabajo para los jóvenes de nuestros países y sacarlos de la pobreza. También existe una interconexión entre la ICARRD, la Alianza Mundial contra el Hambre y la Pobreza, el Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar y el tema de este panel.

Las políticas redistributivas de la tierra son una contribución clave a las actuales crisis alimentaria y ecológica, como lo demuestra un informe de 2024 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que exhorta explícitamente a los Estados a aplicar medidas de reforma agraria que promuevan una distribución más equitativa de la tierra y los recursos, en consonancia con las obligaciones en materia de derechos humanos, incluidos los derechos de los Pueblos Indígenas, los campesinos y las comunidades rurales, en el contexto de políticas climáticas basadas en los derechos humanos.

Por lo tanto, la ICARRD+20 también está vinculada a las VGGT (Directrices voluntarias sobre la tenencia de la tierra), la UNDROP, la UNDRIP y la CEDAW. También debe promover y apoyar procesos nacionales de políticas públicas multisectoriales y participativas que respondan a las realidades territoriales, teniendo en cuenta la diversidad de los contextos históricos y socioculturales.

Pregunta a Brasil: ¿Cómo puede la ICARRD+20 ser un espacio de convergencia para abordar las crisis alimentaria y medioambiental interconectadas y cómo garantizar que los resultados de la Conferencia se transmitan al CSA, la FAO y las Convenciones de Río? Y: ¿cómo garantizará Brasil que la COP 30 sobre el clima contribuya al éxito de la ICARRD+20 y de la Alianza Mundial contra la Pobreza y el Hambre, que sitúa la cuestión de la distribución de la tierra en el centro de los enfoques basados en los derechos humanos?

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