05 de diciembre de 2022. Roma, Italia. En la actualidad se producen alimentos más que suficientes para alimentar a todos los habitantes del planeta. No obstante, 828 millones de personas siguen pasando hambre, es decir, casi una de cada diez personas en el mundo. De 2019 a 2022, el número de personas subalimentadas aumentó hasta en 150 millones, una crisis impulsada en gran medida por conflictos, el cambio climático y la sindemia de la COVID-19. Las comunidades más afectadas por la inseguridad alimentaria en todo el mundo exigen una actuación rápida, decisiva y coordinada en el plano mundial para responder a la crisis y afrontar sus causas originarias.
“La acción urgente que se requiere para responder a las necesidades inmediatas ha de ser coherente con la transformación a largo plazo de los sistemas alimentarios. Abordar las causas sistémicas de la actual crisis alimentaria requiere un enfoque coordinado a nivel mundial. No obstante, las respuestas a nivel mundial siguen siendo fragmentadas y sesgadas”, explica una nueva nota de orientación sobre políticas publicada por el Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (MSCPI) para las relaciones con el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas (CSA).
Según esta nota de orientación, el CSA es el espacio más eficaz y legítimo para coordinar una respuesta de políticas a la crisis alimentaria mundial de múltiples capas, ya que es el principal espacio mundial donde gobiernos, organismos internacionales, sector privado, sociedad civil y pueblos indígenas coordinan sus esfuerzos para hacer frente al hambre y la malnutrición. Además, reconoce a los Estados como titulares de obligaciones y a las personas que producen alimentos a pequeña escala, en particular los pueblos indígenas, como titulares de derechos. Estos últimos tienen un asiento efectivo en la mesa por medio del Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas, una plataforma única que es el mayor espacio internacional de organizaciones de la sociedad civil que trabajan para erradicar la inseguridad alimentaria y la malnutrición.
El documento también subraya la urgencia de adoptar una conclusión para el debate sobre el punto del programa “Coordinación de las políticas para hacer frente a la crisis alimentaria mundial” que respalde explícitamente y ponga en marcha el proceso de asumir el mandato y la función de convocatoria del CSA para hacer frente a la crisis, durante la reanudación del 50.º período de sesiones del CSA, que tendrá lugar el próximo 19 de diciembre en la sede de la FAO en Roma y en formato “híbrido”.
No puede volver a suceder lo que ocurrió en el último período de sesiones celebrado en octubre. Se dedicaron horas y horas de la esperada negociación intergubernamental a tratar de encontrar un compromiso en una batalla de palabras entre dos bloques geopolíticos. Se perdieron horas que debían haberse dedicado a encontrar una solución a la crisis alimentaria mundial sistémica; mientras tanto, sigue muriendo un número creciente de personas debido al hambre, el cambio climático y las desigualdades entre personas y países”, lo que llevó a que no se concluyera la sesión plenaria, como explicó el MSCPI en un artículo reciente.
Las respuestas a esta crisis de múltiples capas han sido hasta ahora débiles, fragmentadas y sesgadas por intereses corporativos. Muchos gobiernos han atribuido la crisis a la perturbación del comercio agrícola mundial por la guerra que enfrenta a Rusia y Ucrania, dos de los agentes agroexportadores más importantes del mundo. En cambio, las pruebas y los datos de las comunidades que se encuentran en la primera línea del hambre señalan sistemáticamente los obstáculos estructurales interconectados que exacerban y perpetúan el hambre y la malnutrición, como la deuda, la dependencia de las importaciones de alimentos y las normas injustas de comercio e inversión. Esto también se refleja en el informe mundial Voces desde los territorios 2 (MSCPI, 2022).
Los conocimientos, las pruebas y la experiencia de quienes producen la mayor parte de los alimentos que consumimos y los más afectados por las crisis actuales son una contribución indispensable para enmarcar las políticas. El MSCPI proporciona al CSA un acceso directo y privilegiado a las pruebas de los pueblos, en particular de productores a pequeña escala, agricultores familiares, pastoralistas, pescadores, trabajadores, pueblos indígenas, consumidores y poblaciones urbanas.
Será imposible ofrecer una respuesta de políticas coordinada sin el pleno compromiso de los Estados miembros. La coherencia mundial de las políticas y la rendición de cuentas son fundamentales para la gobernanza de los sistemas alimentarios. Esto exige que los Estados cumplan su obligación de cooperar para salvaguardar los derechos de las personas que corren un mayor riesgo y garantizar un entorno propicio para hacer frente a la crisis actual y prevenir crisis futuras, en lugar de actuar únicamente en función de sus propios intereses nacionales o los de poderosos agentes económicos.
Los instrumentos de políticas elaborados por el CSA son de carácter voluntario, pero tienen un gran potencial transformador. Por ejemplo, las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques de 2012 inspiraron al Gobierno de Malí a renovar completamente los derechos de tenencia de la tierra. La Ley de Tierras Agrícolas resultante (2017) permitió a los particulares solicitar un título de propiedad de la tierra, por primera vez, utilizando pruebas de derechos consuetudinarios como base de su solicitud.
“Mientras ustedes se dedican a hacer política, nosotros pasamos hambre” es la campaña que el MSCPI ha puesto en marcha para sensibilizar y pedir a los gobiernos que actúen con urgencia en la reanudación del 50.º período de sesiones del CSA, y a los movimientos sociales y a las personas que alcen la voz y exijan a sus representantes que se sumen a una coordinación mundial de las políticas.
Como se describe en la nueva nota de orientación sobre políticas del MSCPI publicada hoy, muchas de las piezas del rompecabezas están presentes: hay que encajarlas en un todo coherente y ponerlas a disposición de las autoridades públicas a múltiples niveles.