Nosotras y nosotros —productores de alimentos a pequeña escala, agricultores familiares, campesinos, Pueblos Indígenas, trabajadores agrícolas y de la alimentación, personas sin tierra, pastoralistas, pescadores artesanales, mujeres, personas con diversidad de género, jóvenes, personas mayores, consumidores, poblaciones urbanas con inseguridad alimentaria, defensores de la salud y los derechos humanos, civiles afectados por conflictos armados y la ocupación, ciudadanos y organizaciones no gubernamentales— reclamamos un compromiso decisivo para realizar el derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas (en adelante, el derecho a la alimentación) para todas las personas.
Nuestros movimientos, arraigados en nuestra lucha por la soberanía alimentaria, nuestros conocimientos y nuestras prácticas, se aúnan a nivel internacional para instar enfáticamente a los Estados a que cumplan con su obligación de respetar, proteger y realizar el derecho a la alimentación. También les pedimos que aborden las causas estructurales de la crisis actual de hambre y malnutrición en todas sus formas, la desigualdad, la explotación, la violencia y la discriminación.
Hoy, 20 años después de la aprobación de las Directrices sobre el derecho a la alimentación[1] del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de las Naciones Unidas, reafirmamos que la alimentación es un derecho, no una mercancía. Los sistemas alimentarios no deben estar impulsados por intereses corporativos descontrolados ni aportar beneficios solo a unos pocos, ya que esto profundiza las desigualdades estructurales y exacerba el hambre en el mundo. Con ocasión de este 20.º aniversario, reiteramos que la alimentación es un derecho y condenamos el uso de los alimentos y el hambre como armas de guerra.
El modelo agroindustrial, financiarizado y neoliberal del sistema alimentario, orientado hacia el comercio mundial, la producción de monocultivo impulsada por las exportaciones, la mano de obra barata y la explotación de los recursos, sigue degradando los ecosistemas, intensificando la crisis climática y concentrando el poder en manos de unos pocos. Este modelo margina y oprime aún más a quienes históricamente han sustentado a las comunidades con alimentos adecuados, producidos con nuestros conocimientos y prácticas tradicionales, sostenibles y resilientes. Pedimos una transformación de los sistemas alimentarios para realizar el derecho a la alimentación de los pueblos. Los Estados tienen la obligación de garantizar y proteger este derecho, y les instamos a respaldar nuestras luchas por la agroecología y la reforma agraria popular como piedras angulares de esta transformación radical. Estos son pasos fundamentales hacia el cuidado de la Madre Tierra y la reducción de las desigualdades.
La violencia y los ataques, a menudo anclados en normas patriarcales y en el legado del colonialismo, intentan silenciar nuestras voces, pero no nos impedirán proclamar: ¡Nada sobre nosotros, sin nosotros!
La concentración de poder corporativo y financiero está aumentando en medio de un creciente autoritarismo en todo el mundo. La codicia se adueña del poder, al tiempo que la escalada de violencia perpetúa el uso de la hambruna como arma de guerra. En Gaza, el creciente uso de los alimentos como herramienta de castigo colectivo por parte de la ocupación israelí ha provocado una grave crisis alimentaria que afecta al 96 % de la población, lo que ha dado lugar a una de las hambrunas más extremas de la historia reciente. Mientras tanto, en Yemen, la suspensión masiva de la ayuda alimentaria ha sumido a 17 millones de personas en la inseguridad alimentaria aguda o crítica. En el Sudán, 25,6 millones de personas, esto es, la mitad de la población, están en situación de crisis alimentaria[2]. En todo el mundo, las guerras por delegación siguen avivando la inseguridad alimentaria. En 2023, 135 millones de personas de 20 países afrontaron crisis alimentarias debido a guerras y conflictos prolongados[3]. Esto viola los principios fundamentales del derecho internacional, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Los conflictos se enmarcan en un contexto más amplio de crisis prolongadas, a menudo provocadas por una combinación de ocupación, insurgencia, catástrofes, cambio climático, desigualdad, inequidad, pobreza generalizada y factores de gobernanza[4].
Instamos a los Estados a que vuelvan a comprometerse con el marco de los derechos humanos para asegurar la equidad y la justicia de género, y a que cumplan sus obligaciones en contextos de crisis prolongadas. Les pedimos que pongan en marcha políticas redistributivas que garanticen a los y las ciudadanas el control, el acceso y la preservación de la tierra, las semillas, el agua, la biodiversidad y otros bienes comunes naturales esenciales para proporcionar alimentos saludables.
El derecho a la alimentación es un derecho humano jurídicamente vinculante, definido en la Observación general N.º 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y reconocido en varios instrumentos de derecho internacional. Es esencial para el cumplimiento de todos los otros derechos. Nuestros continuos esfuerzos a lo largo de los últimos 20 años para profundizar en su significado y utilizar eficazmente las herramientas que proporciona demuestran que las Directrices sobre el derecho a la alimentación son un marco vivo y en evolución.
Hemos hecho nuestras estas Directrices, utilizándolas para reclamar los derechos de los pueblos y reafirmar nuestra autodeterminación para promover la producción y el consumo de alimentos en pro del bienestar de nuestras comunidades. Juntos, hemos avanzado en la integración y la promoción del derecho a la alimentación como piedra angular crucial de nuestras luchas interconectadas, vinculadas al clima, la deuda, el comercio, los conflictos, el género y la biodiversidad.
Desde su aprobación, numerosos instrumentos negociados internacionalmente e interpretaciones autorizadas han aclarado y ampliado las orientaciones y recomendaciones para hacer avanzar el derecho a la alimentación. Estos instrumentos e interpretaciones forman lo que se conoce como el marco normativo avanzado del derecho a la alimentación. Sirven como herramientas fundamentales para las luchas en nuestros territorios, y recuerdan a las personas encargadas de tomar decisiones que nuestro derecho a la alimentación, junto con todos los derechos humanos interconectados, ¡no está en venta!
Los instrumentos de este marco normativo avanzado para el derecho a la alimentación reconocen nuestros derechos colectivos, incluido el derecho a las semillas. Reafirman a los Pueblos Indígenas como titulares de derechos y defienden su derecho a la autodeterminación. Asimismo, reconocen firmemente la soberanía alimentaria de las mujeres rurales y el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.
La aprobación de las Directrices sobre el derecho a la alimentación forjó la reforma del CSA de 2007-2008, que, impulsada por nuestras luchas, llevó a la creación del Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (MSCPI). Desde entonces, como titulares de derechos, hemos utilizado este espacio para compartir nuestras experiencias, conocimientos y reivindicaciones, exigiendo cuentas a los Estados y fundamentando los debates en las realidades que vivimos. El CSA sigue siendo el único órgano mundial que reconoce la primacía de las voces de las personas más afectadas por la inseguridad alimentaria, garantizando su derecho a participar plenamente como organismo autónomo en sus procesos. No renunciaremos a los logros conseguidos por medio de nuestra participación en los espacios de gobernanza mundial. Este espacio multilateral allana el camino para unas Naciones Unidas que defiendan realmente los derechos humanos y la democracia. Seguiremos luchando hasta que las políticas se construyan realmente desde la base, priorizando las voces de las comunidades de base y los territorios, y se apliquen con miras a garantizar el bienestar tanto de las personas como del planeta.
El 20.º aniversario de las Directrices sobre el derecho a la alimentación nos insufla energías renovadas para seguir exigiendo la democratización de la toma de decisiones en los espacios de gobernanza alimentaria mundial en general, y en el CSA en particular.
A fin de lograr esta transformación radical y justa de los sistemas alimentarios y dar prioridad a una gobernanza alimentaria basada en los derechos humanos frente a la captura corporativa, exigimos:
- Una toma de decisiones y una rendición de cuentas democráticas y basadas en los derechos humanos a todos los niveles, por medio de:
- La garantía de que las voces de las personas y los países más afectados se sitúen en el centro de los lugares de toma de decisiones;
- La creación de condiciones adecuadas para una participación significativa a todos los niveles, mediante la autoorganización autónoma de los pueblos, el reconocimiento del arbitrio de los movimientos sociales y los Pueblos Indígenas y de su soberanía y sus luchas en los planos mundial y local como elementos fundamentales de la gobernanza alimentaria.
- Aplicar criterios claros para evitar los conflictos de intereses, mitigando las asimetrías de poder entre países, y la concentración de poder en el sistema alimentario, y garantizar normas de participación basadas en los derechos humanos.
- Regular la influencia corporativa mediante la aplicación de salvaguardias contra la influencia corporativa en los sistemas alimentarios, incluidas las protecciones frente a conflictos de intereses y los marcos de rendición de cuentas.
- Potenciar la rendición de cuentas de los Estados miembros ante sus ciudadanos a nivel nacional, en particular su responsabilidad de aplicar y monitorear las Directrices y el derecho a la alimentación.
- Democratizar las Naciones Unidas creando estructuras de participación para los grupos afectados dentro de todos los organismos de las Naciones Unidas, siguiendo el modelo del enfoque inclusivo del CSA. Hacemos un llamamiento a las Naciones Unidas, en particular a los organismos con sede en Roma, para que contribuyan a la coherencia de las políticas sobre el derecho a la alimentación, evitando la fragmentación de la gobernanza alimentaria mundial. En concreto, pedimos lo siguiente:
- El fortalecimiento de la función del CSA: el poder de convocatoria del CSA debe respetarse y ponerse en práctica, garantizando que siga siendo la plataforma central para abordar las causas estructurales y las múltiples dimensiones de las crisis alimentarias mundiales;
- La coordinación entre los organismos de las Naciones Unidas: todos los organismos de las Naciones Unidas deberían reconocer el derecho a la alimentación y su marco de aplicación a la hora de abordar cuestiones relacionadas con la agricultura y la alimentación. Por ejemplo, las tres convenciones de Río sobre diversidad biológica, desertificación y clima, así como las políticas nacionales sobre el clima y los resultados de las negociaciones internacionales en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, deberían reconocer la función fundamental de la justicia climática en la consecución del derecho a la alimentación y el cambio real en los sistemas alimentarios en favor de las personas y el planeta.
Estas medidas allanarían el camino hacia una gobernanza alimentaria coherente y basada en los derechos que respalde la soberanía alimentaria, la justicia climática y el bienestar de todas las personas.
Para dejar de tratar la alimentación como una mercancía y reconocerla como un derecho humano, por medio del reconocimiento y la aplicación del marco normativo avanzado y sus instrumentos, pedimos la descolonización de los sistemas alimentarios y la acción política de los Estados y las Naciones Unidas con miras a realizar los siguientes cambios:
- De priorizar los mercados mundiales a apoyar los mercados territoriales: Acabar con las políticas orientadas a la exportación y la dependencia de las importaciones de alimentos e insumos agrícolas; dar prioridad a la producción de alimentos saludables y diversos para el consumo interno en lugar de a los cultivos comerciales para la exportación; garantizar precios remuneradores para las personas que producen alimentos a pequeña escala; y constituir reservas públicas de alimentos.
- De la agricultura industrial y la explotación de los recursos naturales a la agroecología, los sistemas alimentarios resilientes al clima y la reforma agraria popular: Garantizar el acceso, la propiedad y la gestión de los bienes comunes naturales por parte de la población; redistribuir la tierra y la riqueza; aprovechar los conocimientos indígenas y tradicionales en la producción de alimentos; abordar las necesidades de mitigación, adaptación, pérdidas y daños climáticos en los sistemas alimentarios; eliminar gradualmente los insumos basados en combustibles fósiles, en particular los plaguicidas; y diversificar los sistemas alimentarios.
- De la concentración corporativa y el poder en el sistema alimentario a la soberanía alimentaria: Reformar el comercio y las reglas del mercado; regular la especulación y cancelar la deuda; avanzar en la economía social y solidaria; oponerse a los mercados de carbono y a las falsas soluciones a las crisis alimentaria, de biodiversidad y climática (por ejemplo, la “agricultura climáticamente inteligente”, las “soluciones basadas en la naturaleza” y la “bioenergía con captura y almacenamiento de carbono”); y contrarrestar la digitalización de la agricultura impulsada por las corporaciones.
- De la violencia en los sistemas alimentarios y el uso de los alimentos como arma de guerra a garantizar la paz y el derecho de los pueblos a la autodeterminación y la justicia: Exigir cuentas a quienes violen el derecho a la alimentación en situaciones de crisis; garantizar el monitoreo basado en los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos a la hora de mantener sus sistemas alimentarios en zonas de conflicto y ocupación colonial y de reconstruir sus sistemas alimentarios; y asegurar la financiación de la provisión de ayuda humanitaria con miras a garantizar la seguridad alimentaria de las personas en zonas de conflicto.
- De las estructuras de poder patriarcales a la justicia de género: Aplicar una lente interseccional a la justicia de género y promover la autodeterminación de las personas con diversidad de género y las mujeres en los sistemas alimentarios.
El MSCPI publicó dos informes basados en una amplia consulta en todas las regiones, a saber, el informe de 2020 Voces desde los territorios: De la Covid-19 a la transformación radical de nuestros sistemas alimentarios, y el informe de 2022 Voces desde los territorios 2: soluciones transformadoras a las crisis alimentarias sistémicas mundiales), que son la base de estas reivindicaciones, complementadas por el análisis colectivo del MSCPI en 2024.
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Mayor información
[1] Las Directrices sobre el derecho a la alimentación, negociadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas y aprobadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en noviembre de 2004, son un documento de consenso mundial. Proporcionan a los Estados orientaciones sobre cómo cumplir sus obligaciones legales en relación con el derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas, tal y como se contempla en la Observación general N.º 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estas Directrices han dado forma a muchas políticas nacionales y reformas legales para realizar el derecho a la alimentación.
[2] GANESAN (2024). Documento temático del GANESAN sobre crisis alimentarias agudas provocadas por conflictos: posibles políticas para hacerles frente a la luz de las emergencias actuales. Disponible en: https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/68c05817-f3fa-4f64-9794-99bd6d3f22f3/content
[3] Ibídem.
[4] Relator Especial sobre el derecho a la alimentación (2024). El uso del hambre y el derecho a la alimentación, con el acento puesto en la soberanía alimentaria del pueblo palestino. https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/212/33/pdf/n2421233.pdf