Declaración efectuada por Flora Sonkin (SID) en el Foro de alto nivel sobre el refuerzo de la inversión y la financiación responsables en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición, durante la 53ª Sesión Plenaria del CSA, el 21 de octubre de 2025
Este debate tiene lugar en un contexto de recortes drásticos en la ayuda oficial al desarrollo (AOD), al mismo tiempo que se destinan billones a las guerras y el genocidio. El gasto militar mundial alcanzó la cifra récord de 2,7 billones de dólares el año pasado; es decir, una cantidad casi 12 veces superior a la destinada a AOD en ese mismo año y que equivale a más de dos terceras partes de la inversión anual adicional de 4 billones que sería necesaria para que los países en desarrollo cumpliesen con todos los ODS, incluida ahí la brecha de financiación para hacer realidad la seguridad alimentaria y la nutrición en todo el mundo.
El uso de medidas coercitivas unilaterales no deja de ahogar a las economías y de afectar a millones de personas en el Sur Global. Los abusos transfronterizos de la tributación empresarial y la extrema concentración corporativa en los sistemas alimentarios también son factores de peso que limitan la capacidad de hacer realidad el derecho a la alimentación.
Al mismo tiempo, casi la mitad de la humanidad vive en países que gastan más en amortizar la deuda que en sanidad o educación, en los que los gobiernos suspenden el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos y ambientales y limitan las inversiones en sus propias estrategias de desarrollo, entre ellas las destinadas a la transformación agroecológica, con tal de no suspender los pagos de su deuda soberana. Y cuando se hunden los servicios públicos esenciales bajo el peso de las medidas de austeridad, toman el relevo los cuidados no remunerados de las mujeres.
Esta insoportable crisis de la deuda es el motivo central de muchas de las grandes dificultades a las que se enfrentan los países del Sur Global y, de hecho, llega a ser una cuestión de vida o muerte. El endeudamiento insostenible e ilegítimo atrapa a los países y sus poblaciones en un ciclo interminable de dependencias en materia de productos básicos que impiden la transición agroecológica. Además de la carga de la deuda que soportan los países en desarrollo, la financiación climática consiste sobre todo a día de hoy en préstamos, y no en donaciones.
Por lo tanto, debemos atrevernos a cuestionar la premisa de este debate por la que se presupone que debemos eliminar el riesgo y garantizar el rendimiento de inversiones privadas a gran escala al no existir dinero público suficiente para la seguridad alimentaria y la nutrición.
Si bien la presión para llevar a cabo reformas normativas y utilizar recursos públicos limitados para aprovechar y “atraer más financiación privada” ya es algo generalizado en los debates sobre desarrollo de los últimos decenios, como queda patente en el Compromiso de Sevilla, la inversión en desarrollo sostenible “no ha alcanzado las expectativas, ni ha priorizado adecuadamente el impacto en el desarrollo sostenible”. También me gustaría hacerme eco de la declaración del grupo de África por lo que respecta a los riesgos de la financiación combinada, así como del informe resumido del CSA sobre gobernanza colaborativa, en el que se señala que “los niveles de financiación combinada son bajos y no han logrado ampliar su escala”.
El diagnóstico incluido en la nota de antecedentes del GANESAN para esta sesión es que “donde mayor es la necesidad, menor suele ser la financiación disponible”. Ocurre así porque las inversiones privadas con ánimo de lucro nunca llegarán a los ámbitos y a las personas que más lo necesitan, sino que buscarán las oportunidades de obtener el mayor rendimiento posible; los objetivos privados de maximizar los beneficios están reñidos con los enfoques agroecológicos para la transformación de los sistemas alimentarios, cuya contribución transciende con creces la dimensión económica. Por ejemplo, la financiación climática privada para proyectos centrados en el nexo agua-energía-alimentos suele perjudicar a las comunidades que practican la agroecología. Los recursos hídricos dirigidos a la irrigación a gran escala o a grandes presas hidroeléctricas perpetúan los sistemas agrícolas industriales orientados a la exportación, además de tener efectos devastadores para la biodiversidad y para los medios de vida de pescadores y Pueblos Indígenas, puesto que pierden el acceso y la conexión cultural con estas vías de agua. Por lo tanto, el incremento de la financiación privada no redunda necesariamente en una mejora de los resultados en materia de desarrollo.
Las inmensas dificultades a las que nos enfrentamos en la actualidad son de índole sistémica. Están profundamente arraigadas en el diseño actual de la arquitectura financiera internacional. Sortear estos escollos mundiales depende de una decisión política que incluya un compromiso innegociable con la justicia, la equidad, la democracia y el bienestar general de los seres humanos y el planeta.
En ese sentido, la respuesta a la pregunta sobre cómo puede contribuir la comunidad internacional a colmar la brecha de financiación en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición es que, desde hace mucho tiempo, es necesario llevar a cabo una reforma justa e inclusiva de la arquitectura y la gobernanza financiera internacional, en la que se incluya la arquitectura mundial en cuanto a deuda e impuestos, la cancelación de la deuda y la regulación de la concentración corporativa. Debe disponerse una nueva financiación climática basada en donaciones como parte del reconocimiento, la restitución y las compensaciones de la deuda climática y ecológica contraída con los países en desarrollo.
El CSA podría servir de espacio para facilitar la convergencia de políticas y debatir las reformas de gobernanza y regulación que pueden impulsar la transformación agroecológica de los sistemas alimentarios.
No hay seguridad alimentaria ni justicia alimentaria sin justicia tributaria, climática y de la deuda.