Estas recomendaciones políticas fueron aprobadas por los Estados miembro en el 48º período de sesiones del CSA de Junio 2021
Nosotras y nosotros, los sectores[1] del Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (MSC), reafirmando nuestro compromiso con los principios y el mandato del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), hemos participado muy activamente durante todo el proceso del CSA para elaborar Recomendaciones de políticas sobre enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores (Documento aprobado o Recomendaciones), aprobadas por los Estados miembros en el 48º período de sesiones realizado el 4 de junio de 2021.
Para las organizaciones del MSC la agroecología está en el centro de nuestro trabajo diario, de nuestra vida y de nuestra visión de un sistema alimentario justo, sostenible y centrado en la realización de los derechos humanos. Por ello, depositamos muchas expectativas en lograr unas Recomendaciones que contribuyeran a avanzar en la realización del derecho a la alimentación para todes y en la transformación de los sistemas alimentarios, cada vez más urgente para enfrentar la crisis social, económica, ambiental, sanitaria y del hambre, que la pandemia de la COVID-19 ha profundizado.
Reconocemos el cambio de entorno en este proceso con respecto a la negociación de las Directrices voluntarias sobre sistemas alimentarios y nutrición; así como el compromiso, dedicación, paciencia y gestión del Relator, Embajador Yaya Olaniran, para lograr una negociación más inclusiva y participativa y su esfuerzo por obtener más tiempo para la construcción de consensos, siempre deseada, aunque difícil de alcanzar. También reconocemos al equipo técnico por su guía y apoyo constantes, y el papel desempeñado por varios Estados Miembros en algunos momentos críticos para facilitar el consenso sobre la importancia de la transición agroecológica.
Sin embargo, señalamos que la presión de tiempo, autoimpuesta para ajustarse al cronograma de la Pre-Cumbre de las Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios, limitó severamente la capacidad de mantener un debate mucho más profundo y serio sobre muchos aspectos de las recomendaciones.
Si bien el compromiso con la búsqueda de consenso forma parte de la negociación, con demasiada frecuencia este compromiso fue abandonado y en lugar de seguir un proceso adecuado de creación de consenso, se esgrimieron falsas limitaciones de tiempo, para ignorar solicitudes de palabra de participantes, cerrando debates prematuramente. Acabamos teniendo sesiones sin interpretación y esto supuso una barrera estructural y severa que dificultó la participación de muchos delegados del MSC y de Estados miembros.
A su vez, la modalidad virtual en procesos de este tipo representa un desafío muchas veces insalvable para los y las representantes de los movimientos sociales, así como para delegados gubernamentales, especialmente de los países más pequeños del Sur global, debido a los problemas de conectividad, las diferencias horarias y las serias dificultades para seguir los cambios de texto en una pantalla sólo en inglés. La disparidad de recursos entre los países más ricos y los que cuentan con delegaciones pequeñas o unipersonales dio lugar a resultados poco equitativos, como se vio cuando los delegados no pudieron participar en las sesiones del CSA debido a la competencia con otras exigencias y responsabilidades, como la asistencia a reuniones en sus capitales.
Por otro lado, nos parece fundamental destacar que el proceso se alejó radicalmente de la propuesta inicial del MSC al CSA para desarrollar un proceso de políticas sobre la agroecología, y resultó en recomendaciones de políticas que combinan la agroecología con enfoques diametralmente opuestos, ignorando completamente el marco de evaluación de políticas que ofrecía el informe 14 del GANESAN de 2019, “Enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores en favor de la sostenibilidad de la agricultura y los sistemas alimentarios que mejoran la seguridad alimentaria y la nutrición”.
La idea de que podemos simplemente elegir entre enfoques opuestos y conflictivos y conformarnos con las llamadas innovaciones incrementales -en ausencia de un compromiso y plan concretos y claros para seguir avanzando hacia enfoques transformadores- ignora el “costo de oportunidad” de hacerlo, es decir, que habrá mucha menos financiación y menos recursos disponibles al final del día para las innovaciones transformadoras que se necesitan desesperadamente. Esto no sólo aumenta el riesgo de que un proceso de transición se estanque en el nivel más bajo de mitigación de los peores daños y no avance más, sino que, lo que es aún más peligroso, nos sumerge en enfoques problemáticos que socavan activamente la práctica de la agroecología y la necesaria transformación agroecológica.
En cuanto al contenido de las Recomendaciones, reconocemos que, gracias al compromiso continuo de algunos Estados miembros, del MSC y de algunos otros participantes, en algunos pasajes del preámbulo y en alguna de las recomendaciones: se destacan algunos elementos importantes y críticos de la agroecología, tal y como se recoge en los diez elementos de la FAO y en el informe del GANESAN; se incluye, aunque siempre con reservas, lenguaje de respeto y protección de los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales y los derechos de los Pueblos Indígenas; se reconoce la necesidad de reducir la presión sobre los recursos naturales; se fomenta la participación e inclusión de personas en situaciones de vulnerabilidad; y se promueve la adaptación a los diferentes contextos. Además,
hay algunos elementos útiles como: la necesidad de sensibilizar a los tomadores de decisiones sobre el riesgo de los pesticidas; promover una mayor integración de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura; y apoyar la investigación participativa.
Sin embargo, al considerar el Documento aprobado en su conjunto, entendemos que: i. no pone en el centro la protección y realización de los derechos humanos; ii. no asigna un papel central a la agroecología ni reconoce adecuadamente su potencial transformador, al tiempo que la pone en igualdad con sistemas insostenibles, sin reconocer, además, los desequilibrios entre el apoyo a éstos y el apoyo a los enfoques agroecológicos; iii. no reconoce los impactos sociales, económicos y ambientales del sistema agroalimentario industrial; iv. no reconoce los desequilibrios de poder en los sistemas alimentarios; v. no reconoce el conocimiento ancestral y tradicional de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas; y vi. Incluye recomendaciones antagónicas con la agroecología, como por ejemplo el uso de agrotóxicos.
Además, muchos de los pasajes “no negativos” del documento responden al gran esfuerzo de control de daños que realizamos, Las recomendaciones resultantes si bien no suponen un retroceso tampoco generan un avance. En este momento de la humanidad y del planeta, el CSA no puede permitirse el lujo de quedarse de brazos cruzados y evitar proporcionar a los Estados miembros una orientación significativa y clara sobre cómo avanzar en los cambios transformadores que se necesitan con urgencia. Esta “oportunidad perdida” es inaceptable y, de hecho, mortal.
Las razones que fundamentan estos puntos se exponen más a continuación.
No pone en el centro la protección y realización de los derechos humanos
El Documento aprobado no reconoce la centralidad que debe tener la protección y realización de los derechos humanos en cualquier transición hacia sistemas alimentarios sostenibles. En ese sentido, no hace una debida referencia a los derechos humanos -los derechos de las mujeres, de campesinos y campesinas, de los pueblos indígenas y de las y los trabajadores. El CSA fue reformado con el mandato de lograr la realización progresiva del derecho a la alimentación y es absolutamente inaceptable para el MSC que el CSA no asuma la interconexión del derecho a la alimentación con los derechos de las mujeres y de quienes producen la mayor parte de los alimentos.
La resistencia de ciertos actores hacia la inclusión de los derechos de las mujeres – incluyendo la Recomendación General 34 de la CEDAW sobre los derechos de las mujeres rurales– en estas recomendaciones políticas fue evidente. Es alarmante que en 2021 tengamos que seguir demandando para que estos derechos se incluyan dentro de un documento de las Naciones Unidas. Que los mismos se hayan incluido únicamente en el Preámbulo y no en las recomendaciones mismas, le resta fuerza normativa al documento.
No se puede apoyar a la agroecología y a la transformación de los sistemas alimentarios sin reconocer el papel de las mujeres en guardar y trasmitir el conocimiento ancestral sobre semillas, producción de alimentos y practicas organizativas.
El Documento aprobado también falla en incorporar adecuadamente los derechos reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) adoptada por la Asamblea General, que establece una base jurídica fuerte para el reconocimiento y el respeto de los derechos de campesinos y campesinas y otras personas que trabajan en zonas rurales, que son los más vulnerabilizados por sistemas de producción que ponen en riesgo tanto la vida de los colectivos campesinos en su amplia diversidad, como la sostenibilidad ambiental.
Asimismo, un alineamiento de las Recomendaciones con la UNDROP contribuiría al cumplimento de los objetivos de la Declaración, que propone la Agroecología como respuesta a los problemas del hambre y la sostenibilidad ambiental.
Los derechos reconocidos en Declaraciones Universales y Convenciones adoptadas por el sistema de Naciones Unidas, como UNDRIP, UNDROP y CEDAW, deberían impregnar el trabajo de sus Agencias. El CSA no puede fallar en incorporarlas adecuadamente en sus recomendaciones de políticas, ya que, además, codifican los derechos de los que más contribuyen a la producción de alimentos de manera ecológicamente sustentable y son los más afectados por la falta de políticas adecuadas.
El CSA debiera ser el espacio donde celebrar estos derechos y hacer que los mismos informen todos los resultados de las políticas del CSA. El hecho de que esto no esté ocurriendo es muy preocupante para el presente y el futuro del CSA.
No asigna un papel central a la agroecología ni reconoce adecuadamente su potencial transformador, al tiempo que la pone en igualdad con sistemas insostenibles, sin reconocer, además, los desequilibrios entre el apoyo a éstos y el apoyo a los enfoques agroecológicos
El principal objetivo de estas recomendaciones políticas debería haber sido el apoyo a la agroecología. En su lugar, la reduce a una coexistencia forzada con otros enfoques insostenibles.
Las recomendaciones deberían diferenciar la agroecología de los enfoques insostenibles y promover la agroecología como la solución holística preferible para una transición hacia sistemas alimentarios justos y sostenibles, en línea con el análisis del informe del GANESAN y las sólidas evidencias de los territorios y la literatura autorizada.
Para ello, las recomendaciones debieran reconocer que la agroecología no opera en igualdad de condiciones y que la parte de apoyo que se destina a cualquier esfuerzo de agricultura sostenible es minúscula comparada con el increíble apoyo a la agricultura industrial.
A su vez, las recomendaciones deberían fomentar un mejor acceso al mercado para los productos agroecológicos y un fuerte apoyo al desarrollo de circuitos cortos que apoyen los medios de vida de las y los productores a pequeña escala y de las y los trabajadores de la agricultura y la alimentación, a la vez que garanticen el acceso de los pueblos a alimentos saludables. En un contexto de pandemia en el que los mercados locales han garantizado la seguridad alimentaria a millones de personas, no podemos aceptar se los haya ignorado como una alternativa central para una real transformación de los sistemas alimentarios.
Además, y aunque hubo un buen control de daños sobre la inclusión de lenguaje sobre la digitalización, el Documento aprobado no solo no aporta una elaboración conceptual clara sobre el significado de la digitalización, sino que además no considera los problemas de acceso, control, y gobernanza que implica, especialmente en el caso del uso de Big Data. Estas preocupaciones también fueron resaltadas en el informe del GANESAN.
Promover la Digitalización en un documento de estas características hubiera requerido un debate serio y exhaustivo de las economías políticas asociadas a quién posee y controla las tecnologías digitales, para garantizar que su aplicación se origina en las necesidades reales de los productores de alimentos a pequeña escala y, por lo tanto, es específica del contexto y/o adaptada localmente.
Las y los productores a pequeña escala, y sus organizaciones, deben tener la autonomía para determinar los tipos de innovación que respondan a sus necesidades y deberían ser considerados como las principales representantes y ejecutores de las innovaciones que favorezcan la transición hacia sistemas agroalimentarios justos y sustentables.
No reconoce los impactos sociales, económicos y ambientales del sistema agroalimentario industrial.
El Documento aprobado falla estrepitosamente en abordar los impactos del sistema agroalimentario industrial, responsable en gran medida de la crisis del hambre, ambiental, de la biodiversidad, del agua y de la tierra.
Se rechazó tanto utilizar el marco que aporta el informe del GANESAN para evaluar los diferentes sistemas productivos, como hacer referencia al concepto de “huella ecológica” de los diferentes sistemas, esencial para poder evaluar adecuadamente los impactos de los diferentes sistemas y para construir transiciones sustentables. La inclusión del concepto de externalidades se hace de manera muy ligera, asociada al concepto de Trade-off, cuando se trata de aceptar impactos negativos para preservar beneficios e intereses privados y sin ningún mecanismo de rendición de cuentas.
Tampoco se reconoce el papel central que cumplen las organizaciones de productores a pequeña escala en la ordenación del territorio.
No reconoce los desequilibrios de poder en los sistemas alimentarios.
Uno de los problemas más grandes del sistema alimentario actual es la concentración de poder en manos de una pocas corporaciones y su influencia tanto en el desarrollo e implementación de políticas públicas y como en las decisiones de los consumidores. Un documento de recomendaciones políticas con un enfoque agroecológico al menos debería reconocer el desequilibrio de poder y apoyos entre el agronegocio y los millones de productores agroecológicos de alimentos, que resulta en una falta de políticas públicas, incluyendo apoyo financiero e infraestructura, de promoción e implementación de la agroecología, en contraposición a la enorme magnitud de incentivos y subsidios a prácticas industriales insostenibles.
Refleja inadecuadamente la diversidad de motivaciones y posibles vías de entrada para los y las jóvenes que buscan compromiso y empleo en las transiciones agroecológicas
Como se ha señalado anteriormente, el Documento aprobado contiene varios puntos problemáticos en relación con la digitalización, incluida una recomendación sobre el uso de las tecnologías digitales como vía de entrada para la participación de los jóvenes en los sistemas agroalimentarios. La recomendación resultante representa erróneamente el problema, ya que no reconoce las diversas razones sociales, económicas y medioambientales por las que los y las jóvenes se ven obligados a abandonar el campo y se alejan de la agricultura. Las transiciones agroecológicas holísticas requieren una redistribución radical de la riqueza, el poder y los recursos en los sistemas agroalimentarios y en la sociedad en general. Las transformaciones de los sistemas alimentarios requieren, en primer lugar, la realización y la protección de los derechos humanos, en particular los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. La reforma agraria y la paz social constituyen dos de los factores más importantes para garantizar que los y las jóvenes puedan participar y seguir participando en la agricultura con autonomía y dignidad. El MSC rechaza la promoción de supuestas soluciones tecnológicas en lugar de resolver realmente los problemas subyacentes de desigualdad, pobreza, marginación y opresión que impiden a los y las jóvenes practicar la agroecología y construir la soberanía alimentaria.
No identifica ni proporciona orientación sobre la eliminación de la marginación social, política y económica, en particular para las mujeres, los y las jóvenes y los Pueblos indígenas
Las Recomendaciones políticas no reconocen el concepto de marginación como un problema a resolver, debido a la resistencia de algunos Estados miembros que insistieron en utilizar la frase “personas en situación de vulnerabilidad” en su lugar. La transformación de los sistemas agroalimentarios requiere soluciones estructurales para combatir las formas sistémicas y agudas de opresión social y explotación económica. Los actores sociales más poderosos mantienen su dominio excluyendo, desacreditando, despojando, cooptando y criminalizando activamente a los opositores y críticos organizados dentro de la sociedad civil y los movimientos sociales en particular. Al referirse simplemente a las personas que experimentan “situaciones de vulnerabilidad” se evita nombrar las causas fundamentales de la vulnerabilidad y el riesgo, en particular las desigualdades económicas, la opresión sexual y de género, y la expansión del control corporativo sobre los sistemas agroalimentarios.
No reconoce el conocimiento ancestral y tradicional de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas.
La agroecología está construida desde el conocimiento ancestral de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas, en un proceso de co-creación de conocimiento participativo al que a lo largo de la historia se han ido sumando otros actores, incluyendo instituciones públicas y de investigación. Las Recomendaciones no resaltan adecuadamente la importancia de este conocimiento ni reconocen su papel central. En su lugar, ponen a aquellos que promueven la agroecología en una posición defensiva hacia los promotores de un paradigma de conocimiento científico y académico excluyente y funcional a intereses corporativos.
Incluye recomendaciones que son completa e intrínsecamente contradictorias con la agroecología, como por ejemplo el uso de fertilizantes y pesticidas químicos.
La agroecología es una forma de salir de la dependencia de los insumos externos. El hecho de que estas recomendaciones fomenten la optimización del uso y el riesgo de los plaguicidas socava no sólo nuestros objetivos y esfuerzos de defensa de la salud, los medios de vida y las preocupaciones de supervivencia de los agricultores campesinos y familiares, los pueblos indígenas, los trabajadores agrícolas y otros productores de alimentos a pequeña escala que han practicado la agroecología durante siglos, sino que también contradice los acuerdos existentes de la ONU, los marcos políticos y las directrices acordadas en relación con la gestión de los plaguicidas y los productos químicos.
Estas directrices sobre plaguicidas acordadas internacionalmente priorizan claramente, en primer lugar, la reducción de la dependencia de los plaguicidas.[2] En ningún documento de la ONU o acordado internacionalmente, ni en el propio informe del GANESAN, se identifica la optimización de los plaguicidas como un enfoque deseable o apropiado. El Documento aprobado ponen patas arriba los acuerdos internacionales establecidos, reflejando el dominio y la gran influencia del único gobierno que insistió en ello en una sesión especial extrañamente abreviada, que además excluyó la consideración de propuestas de lenguaje alternativo presentadas por otros Estados miembros y por el MSC.
“Optimizar el uso y riesgo de plaguicidas” es completamente inaceptable para el MSC.
Además, el Documento aprobado no reconoce los derechos de las y los campesinos ni de los Pueblos indígenas (UNDROP y UNDRIP) a no usar ni estar expuestos a los agrotóxicos. Esto es también inaceptable, ya que pone la carga de “evitar la exposición y el envenenamiento” enteramente en las personas y las comunidades mismas.
Otros párrafos relativos a los productos agroquímicos (3h y 4e) son aceptables, pero al mismo tiempo, no añaden nada nuevo o que se base significativamente en los acuerdos y documentos de orientación existentes. La leve reafirmación de lo que ya existe en otros lugares no compensa el grave perjuicio mencionado anteriormente.
A su vez, este contenido bloquea las aspiraciones planteadas por varios Estados miembros de hacer una transición completa a la agroecología, alejándose de las dependencias químicas dañinas que interfieren con el derecho humano a un medio ambiente sano y a ecosistemas saludables.
POSICIONAMIENTO DEL MSC
A través de este documento, el MSC comparte su posicionamiento final con respecto a las Recomendaciones Políticas sobre Enfoques Agroecológicos y otros enfoques innovadores del CSA.
Este posicionamiento se ha decidido colectivamente, a través de un proceso inclusivo y transparente con todos los sectores del MSC, garantizando un tiempo adecuado para asegurar la participación de todos los sectores y territorios.
Asimismo, este posicionamiento da continuidad a nuestro análisis sobre las Directrices Volunarias sobre Sistemas Alimentarios y Nutrición y reitera nuestro llamado más amplio de concienciación al CSA sobre la continua tendencia a evitar mencionar las responsabilidades de aquellos actores que claramente participan en las negociaciones con el objetivo de defender sus intereses económicos y avanzar en la captura corporativa de la conceptualización y de los espacios de gobernanza de los sistemas agroalimentarios.
El MSC reafirma su compromiso con el mandato y los principios del CSA, que debe desempeñar un papel de liderazgo en la elaboración de análisis críticos y recomendaciones de políticas que hagan realidad el derecho a la alimentación mediante la promoción y el fomento de las transiciones hacia sistemas agroalimentarios justos y sostenibles.
Sin embargo, el MSC no apoya la adopción del Documento de Recomendaciones de políticas sobre enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores, aprobadas por los Estados miembro en el 48º período de sesiones del CSA. Esta adopción se aleja de nuestra visión de incluir la agroecología dentro del PTPA del CSA y refleja cómo en el próximo período se necesitarán grandes esfuerzos para aumentar nuevamente la ambición dentro del CSA.
El Documento aprobado en su conjunto socava acuerdos internacionales clave, pone en riesgo el trabajo y los medios de vida de nuestras poblaciones y es perjudicial para los esfuerzos de larga data de nuestras organizaciones y movimientos en la promoción y construcción de la Agroecología como un camino holístico de transición para lograr sistemas alimentarios basados en la justicia social, económica, ambiental, de género e intergeneracional. Aunque contiene algunos elementos útiles – por ejemplo, referencias a los 10 elementos de la agroecología de la FAO y a los 13 principios de la agroecología del HLPE–, las Recomendaciones no subrayan la urgencia de la transformación de los sistemas alimentarios basada en los derechos humanos, en particular el empeoramiento de los efectos del cambio climático, la actual pandemia de COVID-19 y las numerosas crisis prolongadas en todo el mundo causadas por conflictos armados, acaparamiento de tierras y otras disputas territoriales.
Además, el Documento aprobado socava acuerdos internacionales clave en materia de derechos humanos, como la UNDROP, y, por tanto, supone otra grave amenaza para las vidas y los medios de subsistencia de los miembros del MSC que luchan por sobrevivir y lograr economías de bienestar.
En cualquier ocasión en la se solicite al MSC trabajar con este resultado de políticas del CSA – por ejemplo, durante flujos de trabajo actuales y futuros–, plantearemos nuestra grave preocupación no solo en cuanto al contenido, sino también en lo referente a las condiciones y desequilibrios bajo los que se elaboraron las Recomendaciones. Si bien algunos aspectos de las Recomendaciones podrían resultar útiles en algunos contextos, el MSC no considera que el Documento aprobado sea un “lenguaje acordado” en su totalidad, y aplicaremos el razonamiento crítico de esta declaración de posición durante los procesos de políticas activos y futuros del CSA.
Desde el inicio de este proceso, el MSC ha alzado la voz para asegurar que los resultados obtenidos dentro del CSA reformado alcancen una ambición alta y se ocupen de la creciente urgencia de transformar los sistemas alimentarios.
Nuestro descontento con los últimos resultados de negociaciones no es una expresión de renuncia sino que pretende transmitir la necesidad de volver a elevar la ambición hacia guías políticas que respondan verdaderamente a las múltiples crisis que el planeta y la humanidad enfrentan.
Recordamos a los Estados su responsabilidad como titulares de obligaciones de respetar, proteger y realizar los derechos humanos de todas las personas. Instamos al CSA a que monitoree los efectos que tendrán estas Recomendaciones y que evalúe de forma continua sus repercusiones en el avance de la necesaria transformación de los sistemas alimentarios.
Exigimos que el CSA, las entidades participantes y todos los Estados miembros renueven su compromiso con un proceso que se centre en las voces, las preocupaciones y el bienestar de las y los productores de alimentos a pequeña escala, las y los trabajadores del sistema agroalimentario, las mujeres, los jóvenes y las comunidades indígenas, quienes serán los más directamente afectados por los resultados de sus políticas; en lugar de remitirse a los intereses y las agendas de unos pocos gobiernos dominantes y de corporaciones multinacionales.
A través de nuestra activa participación y la defensa de nuestra visión proveniente de experiencias de resiliencia en los territorios, seguiremos protegiendo y abogando por el CSA que se ha logrado reformar 12 años atrás con el mandato central de erradicar el hambre en el mundo y haremos que el CSA rinda cuentas a las comunidades en los territorios
[1] El MSC está formado por 11 sectores: agricultores a pequeña escala, pastoralistas, pescadores artesanales, pueblos indígenas, trabajadores agrícolas y alimentarios, personas sin tierra, mujeres, jóvenes, consumidores, poblaciones urbanas que sufren inseguridad alimentaria y organizaciones no gubernamentales.
[2] Por ejemplo, las Directrices de la FAO para el desarrollo de políticas de manejo de plagas y plaguicidas, desarrolladas y aprobadas a través de la Reunión Conjunta FAO/OMS sobre el Manejo de Plaguicidas, se refieren a la reducción de la dependencia seis veces; las Directrices de la FAO sobre Plaguicidas Altamente Peligrosos se refieren a la reducción de la dependencia dos veces y el Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas también señala la reducción de la dependencia. La reducción de la dependencia también está en consonancia con los ODS 2, 3 y 12.