El 24 de octubre de 2023, la 51ª sesión plenaria del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) acogió un acto paralelo sobre “Gobernanza de datos en la digitalización del sistema alimentario: acercamiento entre los pequeños productores de alimentos y los gobiernos”. Este acto paralelo fue organizado conjuntamente por el grupo de trabajo sobre datos del Mecanismo para la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (MSCPI), el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Michael Fakhri, y el gobierno de México.

Facilitado por el Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, el evento tuvo lugar el mismo día en que las Recomendaciones de Política del CSA sobre el refuerzo de la recopilación y el uso de datos sobre SAN fueron presentadas para su aprobación y refrendadas por los Estados miembros en la sesión plenaria del CSA. A continuación se ofrece un resumen multimedia del acto, que contó con un panel de oradores muy variado y rico: Taina Hedman, del Consejo Internacional de Tratados Indios (Panamá), Patti Naylor, de la National Family Farm Coalition (NFFC, Estados Unidos), Moayyad Bsharat, de la Unión de Comités de Trabajo Agrícola (UAWC, Territorio Palestino Ocupado), Nosipho Nausca-Jean Jezile, recién nombrada Presidenta del CSA y Embajadora de la República de Sudáfrica en Italia, y Víctor Suárez Carrera, Subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria (México).

Michael Fakhri, firme defensor de un marco de gobernanza de los datos, introdujo el acto reconociendo las recientes negociaciones del CSA como uno de los debates pioneros sobre este tema dentro del sistema de las Naciones Unidas. Destacó cómo los debates en torno a la tecnología se limitan con frecuencia a las oportunidades comerciales o de mercado, pasando por alto las dinámicas de poder subyacentes.

Moayyad Bsharat, el primer ponente, no pudo viajar a Roma desde los Territorios Palestinos Ocupados a pesar de que se le había concedido un visado. Como subrayó Moayyad, para los pueblos colonizados, como los palestinos, los datos suelen estar controlados por el colonizador y se utilizan como herramienta de opresión. Por lo general, los datos no son neutrales, sino que tienen un aspecto de impacto político debido a algunas tecnologías en las que intervienen corporaciones israelíes, y que están controladas por ellas. Un ejemplo es cómo las autoridades de ocupación israelíes utilizan la digitalización para vigilar a los trabajadores sobre el terreno, violando sus derechos humanos. También advirtió de los riesgos de la privatización de la información, que la convierte en una herramienta para atraer inversiones que compiten con los pequeños productores y agricultores y se utilizan para expulsarlos del sector agrícola.

La Excma. Sra. Nosipho Nausca-Jean Jezile declaró que los beneficios de los datos y las tecnologías digitales deben ser devueltos a quiénes se les extraen los datos. Puso un ejemplo. En Sudáfrica, existe un marco jurídico denominado Acceso y Participación en los Beneficios, que está en consonancia con el Protocolo de Nagoya. El marco pretende garantizar una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos, como las plantas autóctonas con fines medicinales, una práctica común en Sudáfrica. Reconoce los conocimientos autóctonos para permitir la innovación. Por lo tanto, a lo largo de toda la cadena de valor, hay un beneficio recíproco que revierte en los custodios de estos conocimientos indígenas.

Desde la comunidad Kuna Yala de Panamá, Taina Hedman compartió su perspectiva indígena. “Nosotros, las comunidades, tenemos todo el poder. Somos el centro de la información”, afirmó. “El poder global quiere extraer el conocimiento de nosotros – nosotros somos los que tenemos la información”. Reflexionó sobre la idea de que los datos no se circunscriben únicamente a los límites del control corporativo, ya que existen desde mucho antes de la era de la digitalización. Los pueblos indígenas han sido durante mucho tiempo custodios de los datos, salvaguardando sus conocimientos ancestrales. Este conocimiento ha sido documentado y protegido para el cuidado de la Madre Tierra y de la humanidad”, concluyó.

Patti Naylor, una pequeña agricultora de Estados Unidos, habló de los aspectos perjudiciales de las tecnologías digitales para lxs pequeñxs agricultorxs, citando la extracción y explotación de sus datos y conocimientos por parte de las corporaciones, la vigilancia y las violaciones de la privacidad, y las amenazas potenciales de deslocalización laboral o sustitución directa. También reconoció que las tecnologías están normalizando un sistema agrícola extractivo. La soberanía nacional sobre los sistemas de producción y distribución de alimentos es fundamental para la seguridad alimentaria, por lo que debe establecerse una gobernanza de las tecnologías de datos.

Víctor Suárez Carrera subrayó la importancia de un acceso equitativo a las tecnologías. Destacó una cruda realidad en la que una parte significativa de la población rural de México carece de acceso a Internet, lo que ha llevado al gobierno a adoptar el ambicioso objetivo de proporcionar al 95% de las comunidades rurales acceso gratuito a las telecomunicaciones y a Internet. El control de las tecnologías es también una preocupación del gobierno mexicano. Carrera expresó su escepticismo sobre los beneficios de las tecnologías digitales, incluidos el Big Data, la automatización y la IA, que se presentan como la panacea para la inseguridad alimentaria mundial, una afirmación que considera otra falsa promesa.

Michael Fakhri resumió el debate y las cuestiones complejas y conectadas. Afirmó que podríamos pensar en los datos y el conocimiento como conjuntos diferentes de relaciones que producen formas distintas de entender el mundo. El conocimiento se basa en el contexto del momento. En cambio, los datos proceden de un conjunto diferente de relaciones en las que puede que no sepamos con quién estamos trabajando. “Es abstracto”, explicó, “como si hubiera una máquina succionando nuestras experiencias y reempaquetándolas de una forma a la que no tenemos acceso”. Se hizo eco de las palabras de Taina recordando a la audiencia que el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado no sólo está reconocido en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Está profundamente arraigado en su derecho a la autodeterminación y forma parte inherente de su identidad.

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