Intervención del CSIPM pronunciada por Dee Woods en el Evento Especial de Alto Nivel del 18 de julio de 2022
En nombre del Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas del CSA, nos gustaría expresar nuestro agradecimiento por la celebración de este acto, convocado de forma conjunta por el CSA y el Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como muestra de apoyo y reconocimiento explícitos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas a la importante función del CSA.
Estamos ante la tercera crisis del precio de los alimentos en 15 años. Al no haberse abordado las causas estructurales de las crisis de 2008 y 2011, volvemos a encontrarnos en una situación inaceptable y más millones de personas se ven abocadas al hambre. Cada una de estas crisis pone de manifiesto la incapacidad del sistema alimentario agroindustrial para dar respuesta a las conmociones sucesivas y muestra que ese mismo sistema contribuye a crear estas crisis. Los países endeudados que dependen de las importaciones de alimentos se ven especialmente afectados al quedarse sin medios para afrontar la situación.
Sin embargo, los organismos con sede en Roma, el G7 y las instituciones financieras contextualizan esta crisis alimentaria mundial exclusivamente desde el punto de vista del mercado y la producción, y la presentan como si estuviese provocada por la interrupción del comercio mundial debido a la guerra entre dos grandes países para las exportaciones agrícolas. No se preguntan por qué hay tantos países en el Sur global que han pasado a ser dependientes de las importaciones o por qué seguimos viendo niveles inaceptables de hambre pese a llevar muchos años con la producción en máximos históricos.
Al igual que en las crisis anteriores en el precio de los alimentos, los gobiernos con poder económico para llevar a cabo reformas estructurales de la economía mundial (entre ellas, recortar el poder corporativo) no están tomando medidas efectivas en favor de una transformación profunda y necesaria por su falta de voluntad para afrontar las causas primarias de un sistema fallido, lo que traslada a nuestras comunidades la carga de ir adaptándose a las crisis sucesivas.
Los agentes económicos dominantes adoptan medidas parciales y usan los espacios políticos que controlan, como por ejemplo el G7, las instituciones de Bretton Woods y la OMC, para imponer sus respuestas, aumentando así la desigualdad entre países y dentro de los territorios nacionales, marginando en particular a poblaciones y países con espacios normativos nacionales frágiles y fragmentando los espacios multilaterales. Sus respuestas están sesgadas por los siguientes motivos:
- No están basadas en un enfoque de derechos humanos. No incluyen una participación significativa de los sectores de población más marginados y afectados para que contribuyan a crear las medidas a través de sus formaciones y organizaciones autónomas.
- No proponen cambios normativos o políticos que propugnen una visión de transformación profunda de los sistemas alimentarios con el fin de abordar las múltiples crisis interconectadas del presente y el futuro, y trabajar en favor de la soberanía alimentaria, la justicia económica y social, la justicia y diversidad de género, la agroecología, la biodiversidad y la justicia climática.
- No abordan los desafíos que afrontan Pueblos Indígenas y pastoralistas nómadas, cuyos sistemas alimentarios tradicionales proporcionan una seguridad alimentaria esencial para millones de personas indígenas y no indígenas, ya que las corporaciones y los intereses dominantes suelen actuar de manera disruptiva e ignoran los derechos de los pueblos indígenas.
- No abordan los desafíos que afrontan trabajadores agrícolas y productores alimentarios a pequeña escala, quienes conforman la columna vertebral de los sistemas alimentarios de arraigo local, nacional y territorial y generan la mayoría de los alimentos que se consumen en todo el mundo.
- No tienen en cuenta los productos normativos relevantes del CSA y no los usan como punto de partida. No aprenden pese a ver que las respuestas a las crisis anteriores en el precio de los alimentos resultaron inadecuadas para evitar su repetición. Al contrario, siguen reforzando la producción alimentaria industrial a gran escala y una estrategia de seguridad alimentaria basada en la dependencia del comercio mundial, los fertilizantes sintéticos y los combustibles fósiles para acceder a muchos cultivos de cereales.
El MSCPI está llevando a cabo consultas en todas las regiones para forjar un entendimiento colectivo sobre las repercusiones de las crisis y encontrar propuestas normativas transformadoras. Esas propuestas enriquecerán aún más nuestras contribuciones a las respuestas normativas coordinadas en el CSA 50.
Las principales demandas del MSCPI para el CSA y el Sistema de las Naciones Unidas son las siguientes:
Las respuestas de políticas deben estar ancladas en un enfoque integral de derechos humanos, reconociendo la representación y el albedrío de las personas más afectadas como titulares de derechos y la rendición de cuentas de los gobiernos como titulares de obligaciones. Ese tipo de respuestas son aún más necesarias en vista de que las repercusiones de la crisis climática no hacen más que exacerbarse.
En ese contexto, debe llevarse a cabo urgentemente una coordinación de las políticas mundiales a través de un mecanismo inclusivo de gobernanza multilateral que dé prioridad a la voz de los países y sectores más afectados. Esa coordinación debería darse en el marco del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de las Naciones Unidas.
El CSA cuenta con poder de convocatoria al tratarse de la plataforma más inclusiva en cuestiones de seguridad alimentaria y nutrición y tener el mandato de coordinar y fortalecer junto al GANESAN las actuaciones de colaboración para proporcionar apoyo y asesoramiento a países y regiones, así como supervisar la adopción, la aplicación y el impacto de las políticas sobre el derecho a una alimentación adecuada.
Por lo tanto, el MSCPI insta a los miembros del CSA a tomar la decisión en el CSA 50 de orientar respuestas estructurales coordinadas a largo plazo conforme al mandato del CSA. Proponemos lo siguiente:
1) Acordar incluir en el PTPA una sección variable para hacer un seguimiento de la adopción de las decisiones del CSA sobre protección social y volatilidad de los precios de los alimentos en el CSA 51 en octubre de 2023. Estos productos normativos del CSA revisten una especial importancia en el contexto actual.
2) Aprovechar el poder de convocatoria del CSA y coordinar el mandato para desarrollar un mecanismo inclusivo contra las crisis alimentarias que se pueda activar para proporcionar coordinación y apoyo a miembros y participantes a la hora de hacer un seguimiento de la crisis actual y prevenir y abordar las crisis futuras. Este mecanismo debería iniciar su andadura con las siguientes medidas:
- crear un GTCA de Monitoreo en el CSA para hacer un seguimiento de la crisis alimentaria o para, dentro del formato más inclusivo del CSA, evaluar de manera constante las tendencias de la crisis alimentaria sobre la base de las pruebas aportadas por los países y sectores de población más afectados;
- proporcionar apoyo y asesoramiento a los países dependientes de las importaciones de alimentos para transformar sus sistemas alimentarios a través de la diversificación de su economía, romper su dependencia de los alimentos importados y los insumos externos y crear resiliencia de cara a futuras crisis;
- abordar y evaluar las repercusiones de los acuerdos comerciales y las normas de inversión para la seguridad alimentaria y la nutrición, así como el modo de atajar las conductas especulativas a corto y largo plazo. Este debate también debería incluir una evaluación sobre las reservas públicas de alimentos como medio para proteger a los países y sus habitantes frente a las crisis.
3) El futuro proceso de convergencia de políticas del CSA sobre desigualdades debería hacer balance y profundizar aún más en las repercusiones del modelo económico para los sistemas alimentarios y en la necesidad de efectuar cambios en las normas y los acuerdos internacionales e institucionales que impulsan el comercio, la tributación, la deuda, los mercados financieros, las inversiones y las finanzas públicas para que se lleve a cabo una transformación profunda de los sistemas alimentarios.