El Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas (MSCPI)1 para las relaciones con el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de las Naciones Unidas agradece la invitación remitida por el Ministerio Federal para la Cooperación Económica y el Desarrollo de Alemania (BMZ), en nombre de la Alianza Mundial para la Seguridad Alimentaria (GAFS), para formar parte del Grupo de Pilotaje de la Alianza. 

Con el fin de responder de la forma más adecuada, el MSCPI llevó a cabo un proceso interno de consultas2 sobre la base de la documentación disponible3. Asimismo, se mantuvo una conversación con el Ministerio Federal para la Cooperación Económica y el Desarrollo de Alemania destinada a comprender mejor el objetivo, el mandato, las prioridades y las medidas adoptadas por GAFS y averiguar cuáles son sus relaciones con las iniciativas y estructuras existentes. 

Para las deliberaciones del MSCPI, se examinó GAFS sobre la base de tres criterios o inquietudes principales: 

1) los derechos humanos deben estar en el centro de la respuesta normativa mundial a la nueva capa de la crisis; 

2) la transformación contemplada del sistema alimentario debe ser profunda y caminar en la dirección de la equidad, la sostenibilidad y la justicia; y

3) debe llevarse a cabo urgentemente una coordinación de las políticas mundiales en el marco de un mecanismo inclusivo de gobernanza multilateral que dé prioridad a la voz de los países y sectores más afectados.

En los próximos párrafos se argumenta el resultado de la evaluación del MSCPI. 

  1. Los derechos humanos deben estar en el centro de la respuesta normativa mundial a la nueva capa de la crisis.

Sin un enfoque de derechos humanos integral y plenamente coherente para responder a la nueva capa de la crisis y abordar la transformación del sistema alimentario, no se podrán atajar y superar las múltiples formas interrelacionadas de discriminación contra las personas y comunidades más golpeadas por el hambre y la malnutrición. En ausencia de un enfoque de derechos humanos, no se pueden mantener ni la identidad y capacidad de representación de las personas más afectadas como titulares de derechos, ni la rendición de cuentas de los Gobiernos como titulares de obligaciones. El enfoque de derechos humanos sustenta el sistema de las Naciones Unidas, supone una garantía frente al dominio de los poderosos en un mundo globalizado y va mucho más allá de las medidas de buena voluntad que puedan adoptar las economías más ricas del planeta.

En relación con este criterio, constatamos que la referencia a los derechos humanos está ausente o solamente aparece de forma marginal en la documentación de la Alianza Mundial. La propuesta original relega a las notas al pie toda la idea del derecho a la alimentación y sugiere que se podría delegar en las “ONG/OSC pertinentes”, obviando que son los Gobiernos quienes adoptaron el marco de derechos humanos de las Naciones Unidas y quienes están llamados a defenderlo y aplicarlo. Los derechos humanos desaparecen de las actas de la 2ª reunión del Comité de Pilotaje de GAFS. En las conclusiones de la presidencia de la Conferencia Ministerial de Berlín se hace referencia a los derechos humanos una y otra vez, pero se sugiere que tener una alimentación adecuada es una oportunidad para las personas, no un derecho inalienable, y que, de alguna manera, las OSC son los agentes principales para conseguirlo. En el documento de carácter político más destacado para GAFS, la declaración del G7 sobre la seguridad alimentaria mundial del 28 de junio, los derechos humanos están absolutamente ausentes. En el punto 3 comentaremos las implicaciones de esta carencia.

  1. La transformación contemplada del sistema alimentario debe ser profunda y caminar en la dirección de la equidad, la sostenibilidad y la justicia. 

Las respuestas inmediatas a la nueva capa de la crisis deben estar guiadas por una visión de profunda transformación de los sistemas alimentarios hacia la soberanía alimentaria, la justicia económica y social, la justicia y diversidad de género, la agroecología, la biodiversidad y la justicia climática para abordar las múltiples crisis interrelacionadas del presente y el futuro.  

Desde esta perspectiva, es obligatorio analizar las causas estructurales y primarias de la injusta e insostenible economía mundial actual y del incremento de la inseguridad alimentaria. Varias décadas de políticas agrícolas, comerciales y financieras erróneas e injustas han destruido las economías y los medios de vida de los productores de alimentos a pequeña escala y han generado una dependencia estructural y arriesgada de las importaciones de alimentos y fertilizantes para muchos países con ingresos medianos y bajos. En estos momentos es esencial reducir esa dependencia. 

Entre las medidas necesarias, cabe destacar las siguientes: una fuerte regulación de mercado (con reservas públicas incluidas) para estabilizar los precios, abordar la especulación con alimentos (incluida la especulación financiera en contratos de futuros sobre materias primas agrícolas), limitar la concentración del poder corporativo en mercados y cadenas de valor y reducir el uso de alimentos para pienso animal y biocombustible; los conflictos, las guerras y las crisis prolongadas siguen generando violencia, expulsiones, hambre y miseria, y las formas interrelacionadas de violencia y discriminación afectan en particular a mujeres, niñas y personas con diversidad de género; el aumento de la carga del endeudamiento público para los países del Sur Global, la evasión fiscal y la elusión fiscal tienen fuertes repercusiones para la inseguridad alimentaria y limitan la capacidad de respuesta de los países ante la nueva capa de la crisis. 

Las políticas públicas y las iniciativas internacionales deberían orientarse a transiciones sistémicas hacia sistemas alimentarios más locales, resilientes y diversificados, apoyo a los productores a pequeña escala, igualdad y diversidad de género, mercados locales e internos, principios agroecológicos, economía social y solidaria como palanca del necesario cambio sistémico en la economía, revisión de las políticas y tratados de libre comercio y, por último, cancelación de la deuda en el marco de una respuesta integral, eficaz y sostenible a los enormes y complejos desafíos de índole climática, económica y social que subyacen a la creciente crisis del sistema alimentario mundial. 

En relación con este criterio, el objetivo declarado y las prioridades inmediatas de GAFS resultan inadecuadas

Según el Comité de Pilotaje de GAFS, “el objetivo de la Alianza es servir de catalizador para dar una respuesta flexible, inmediata y coordinada a la crisis mundial vigente para la seguridad alimentaria, aunando fuerzas de forma temporal, utilizando y aprovechando las instituciones y los instrumentos existentes para expresar solidaridad y para prestar apoyo a las personas más afectadas, acelerando las acciones y cooperando con flexibilidad. Al determinar y delimitar los recursos de los que dispone cada institución en estos momentos, se puede garantizar la aplicación de una respuesta coherente en el momento oportuno”. Las cinco prioridades inmediatas anunciadas para la Alianza son promover la exportación de bienes agrícolas de Ucrania, respuestas humanitarias y ampliación de redes de seguridad social, impulsar la producción agrícola sostenible, proporcionar información periódica sobre el mercado agrícola y elaborar un mapa interactivo para hacer un seguimiento de los recursos financieros y compartir resultados de investigaciones. Esta agenda no brinda la oportunidad de valorar y garantizar la coherencia entre las respuestas inmediatas y la visión transformadora a más largo plazo.

Tal y como afirmó con claridad Michael Fakhri, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, la naturaleza de nuestras respuestas inmediatas a las crisis de hoy determina la dirección que seguiremos a largo plazo. A nuestro juicio, los objetivos y las prioridades inmediatas anunciadas para GAFS no hacen realidad el necesario cambio de dirección hacia la transformación del sistema alimentario y resultan insuficientes para abordar los retos interconectados y sistémicos de implantar medidas tanto inmediatas como en el mediano plazo en respuesta a la nueva capa de la crisis alimentaria mundial.  

  1. Debe llevarse a cabo urgentemente una coordinación de las políticas mundiales en el marco de un mecanismo inclusivo de gobernanza multilateral que dé prioridad a la voz de los países y sectores más afectados.

Ante la crisis de 2007-2008 en el precio de los alimentos, la reacción inicial del G8 ya fue proponer una alianza mundial que promoviera un aumento de la inversión en agricultura y en seguridad alimentaria y nutrición. En un acalorado debate internacional, otros agentes, con el G77 a la cabeza, insistieron en que eran las políticas públicas las que debían marcar la dirección de las inversiones, y no al revés, y que esas políticas públicas deberían definirse con inclusividad y dando prioridad a la voz de los países y sectores más afectados. El resultado de aquel debate fue la reforma del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de las Naciones Unidas en virtud de la cual se transformó en la principal plataforma intergubernamental e internacional incluyente en materia de seguridad alimentaria y nutrición y la realización progresiva del derecho a la alimentación, con un mandato de coordinación y coherencia de políticas dentro de un marco de derechos humanos. En los últimos dos años, el MSCPI no ha dejado de exigir al CSA que promueva la coordinación mundial de políticas de seguridad alimentaria y nutrición en respuesta a las crisis de ese ámbito exacerbadas por la pandemia de COVID-19. Pese al fuerte apoyo de varios países del Sur Global y de distintos organismos de las Naciones Unidas, el CSA no ha asumido ese papel a causa de la oposición de grandes países con exportaciones agrícolas como la Federación de Rusia y otros miembros influyentes del G7. 

El MSCPI respalda la nueva iniciativa por la que el CSA debería asumir la función de coordinación mundial de políticas en respuesta a la nueva capa de la crisis alimentaria, tal y como ha propuesto el presidente del CSA con el apoyo de varios miembros y participantes del CSA, de conformidad también con la recomendación del Grupo de Alto Nivel de Expertos (GANESAN). En ese sentido, el MSCPI agradeció y acogió con beneplácito la celebración del acto de alto nivel convocado por el CSA y el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de julio sobre “Coordinación de las respuestas normativas a la crisis alimentaria mundial”, así como el hecho de que ese vaya a ser el tema central del segmento ministerial de la sesión plenaria del CSA en octubre de 2022. 

En relación con este criterio, constatamos con gran preocupación las carencias intrínsecas de GAFS en cuanto a legitimación como iniciativa del G7 y la ausencia de un mecanismo de gobernanza claro que facilite una rendición de cuentas eficaz para las decisiones adoptadas. Estas carencias plantean obstáculos complejos para una participación significativa, autónoma y eficaz de las organizaciones de la sociedad civil y Pueblos Indígenas. La garantía que se nos ha dado de que GAFS no tomaría ninguna decisión no resulta convincente. Ya son demasiadas las ocasiones en los últimos años en las que hemos visto que la toma de decisiones sobre políticas públicas acaba relegándose a inversiones y coaliciones de acción. La ausencia obvia de estructuras de gobernanza democrática en la Alianza Mundial que respeten los principios del multilateralismo incluyente, como se establecieron por ejemplo en el CSA reformado, suscita muchos problemas. 

Los documentos de anuncio de la creación de GAFS prevén una función inexistente o marginal del CSA en relación con el trabajo de esta iniciativa del G7. Pese a que nos han asegurado que la Alianza Mundial no pretende ningunear al CSA, es evidente que, por el momento, los documentos principales de GAFS no reconocen el papel del CSA como plataforma central multilateral de coordinación mundial de políticas. No se puede descartar el riesgo de que el órgano multilateral apropiado y legítimo de las Naciones Unidas se pueda ver socavado por esta nueva iniciativa.4 

Sobre la base de estas deliberaciones, el Comité de Coordinación del MSCPI ha decidido que no sería apropiado que el Mecanismo forme parte del Comité de Pilotaje de la Alianza GAFS. El MSCPI manifiesta su agradecimiento a los organismos rectores de GAFS por la invitación remitida, en particular al Ministerio Federal para la Cooperación Económica y el Desarrollo de Alemania.  

El MSCPI anima a todos los Estados Miembros y todas las partes pertinentes a continuar el debate sobre la elaboración de una respuesta de política coordinada a nivel mundial para la nueva capa de la crisis alimentaria mundial en el marco del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de las Naciones Unidas.  

Atentamente,

El Comité de Coordinación del Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas para las relaciones con el CSA


[1] El MSCPI es el mayor mecanismo mundial en el que se reúnen las organizaciones de la sociedad civil y Pueblos Indígenas que trabajan en torno a la seguridad alimentaria y la nutrición. Los centenares de organizaciones que participan en el MSCPI pertenecen a alguno de los siguientes 11 sectores: agricultores a pequeña escala, pastoralistas, pescadores artesanales, Pueblos Indígenas, trabajadores del sector agroalimentario, personas sin tierra, mujeres, jóvenes, consumidores, habitantes urbanos que sufren inseguridad alimentaria y organizaciones no gubernamentales (ONG). Las organizaciones que participan, en particular las que agrupan a los productores de alimentos a pequeña escala y a los consumidores, cuentan con más de 380 millones de miembros afiliados procedentes de todos los continentes.

[2] Los órganos del MSCPI que participaron en la consulta fueron el Comité de Coordinación, compuesto por puntos focales de los 11 sectores y 17 subregiones, y el Grupo de Trabajo del MSCPI sobre la gobernanza mundial de la alimentación, con su nuevo Equipo de Tareas sobre la nueva capa de la crisis alimentaria mundial.

[3]  La documentación consistió en el proyecto de propuesta de GAFS, con fecha de 17 de mayo de 2022, al que después se añadieron las actas de la 2ª reunión del Comité de Pilotaje de GAFS con fecha de 15 de junio, las conclusiones de la presidencia de la Conferencia Ministerial de Berlín “Unidos por la seguridad alimentaria mundial” y la declaración del G7 sobre seguridad alimentaria mundial del 28 de junio.

[4]  En este sentido, resulta preocupante constatar que las conclusiones de la presidencia de la Conferencia Ministerial de Berlín del 24 de junio de 2022 se comprometen plenamente a dar respaldo a la Alianza GAFS y al Grupo de Respuesta del Secretario General de las Naciones Unidas a la Crisis Mundial, al mismo tiempo que emplea una formulación más descafeinada para el CSA al considerarlo una plataforma mundial intergubernamental incluyente, como si no fuera la principal plataforma internacional e intergubernamental incluyente con el mandato de asumir la coordinación de las políticas mundiales en el ámbito de la seguridad alimentaria y la nutrición. La presidencia alemana del G7, después de anunciar sus objetivos de fortalecer las Naciones Unidas, el multilateralismo y el papel del CSA en la arquitectura de la gobernanza alimentaria mundial, debería medir con cuidado sus declaraciones sobre el CSA, un organismo multilateral normativo de gobernanza, frente a una iniciativa voluntaria del G7 y el Banco Mundial como es la Alianza GAFS.

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