Roma, Italia. 9 de octubre de 2022. Cientos de representantes de la sociedad civil y de los Pueblos Indígenas se reúnen en Roma y en línea para la 50a sesión plenaria anual del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de la ONU, la principal institución inclusiva e intergubernamental que aborda la política alimentaria mundial. Buscarán la voluntad política y las respuestas políticas necesarias para hacer frente a la actual crisis alimentaria mundial, que ha visto crecer el número de personas afectadas por el hambre en unos 150 millones desde el estallido de la pandemia del COVID-19.

Bajo el paraguas del Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (MSCPI) les representantes se dirigirán al CSA como el único foro que puede fomentar la cooperación mundial y la acción coordinada contra los efectos brutales en la seguridad alimentaria de la pandemia, la guerra en Ucrania y la emergencia climática. El CSA es el único organismo multilateral que da prioridad a un enfoque basado en los derechos humanos para lograr el ODS2 de hambre cero con la plena participación de los titulares de derechos. A través del MSCPI, las comunidades más afectadas por el hambre y la malnutrición tienen un asiento efectivo en la mesa del CSA y pueden dar forma a las políticas que salen de él.

Como resalta el reciente informe del MSCPI Voces Desde los Territorios, las respuestas a las múltiples crisis difícilmente han tomado en consideración las voces, experiencias y demandas políticas de las comunidades que se encuentran en la primera línea del hambre, ni las soluciones solidarias que han puesto en marcha para llenar el vacío dejado por la inadecuada acción gubernamental. En contraste con las políticas y estrategias fragmentadas y mal orientadas que los gobiernos y las agencias internacionales han estado desplegando en respuesta a la crisis alimentaria, su esperanza es que el CSA tome medidas enérgicas y lidere una transición que se aleje de los sistemas alimentarios propensos a la crisis que priorizan el beneficio sobre los derechos humanos.

Con esta premisa, los sectores del MSCPI – agricultores a pequeña escala, pastores, pescadores, Pueblos Indígenas, trabajadores agrícolas y de la alimentación, sin tierra, mujeres, jóvenes, consumidores, personas con inseguridad alimentaria en zonas urbanas y ONG – participarán en la sesión plenaria del CSA y pedirán una serie de cambios necesarios en la economía, las finanzas, el comercio y la arquitectura de deuda mundiales para responder con eficacia y rapidez a las crisis que impiden a las personas ejercer su derecho a la alimentación. Entre estos cambios se encuentra la necesidad de que los países rompan la dependencia a las importaciones de alimentos y apoyen el aprovisionamiento nacional de alimentos, limiten el poder de las empresas y transformen las normas comerciales. El MSCPI exige una transición para abandonar los sistemas alimentarios industriales, insalubres y basados en los combustibles fósiles, en favor de sistemas alimentarios controlados por la comunidad y basados en la biodiversidad, que sitúen la soberanía alimentaria y la agroecología como las soluciones definitivas al hambre y la malnutrición en el mundo.

Sectores del MSCPI también exigirán a los participantes del CSA que aborden todas las causas estructurales de las desigualdades en sus deliberaciones y en los procesos de convergencia política, garantizando que las personas que han sido históricamente oprimidas, y que sufren las consecuencias de múltiples e interrelacionadas formas de discriminación, puedan hacer realidad su derecho humano a la alimentación. Uno de sus principales mensajes a la plenaria es que será imposible alcanzar la seguridad alimentaria mundial sin abordar los problemas de desigualdad, poder e injusticia.

La Igualdad es una palabra clave para el Grupo de Trabajo del MSCPI sobre Mujeres y Diversidad de Género, el cual ha participado tenazmente en las negociaciones del CSA sobre las Directrices Voluntarias de Igualdad de Género y el Empoderamiento de Mujeres y Niñas este año. A pesar de no ser vinculantes, las Directrices son pasos importantes hacia la igualdad y la diversidad de género en la política alimentaria, al mismo tiempo que contribuyen para garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas que más sufren el hambre: las mujeres, las niñas y las personas no binarias.

Tras meses de negociaciones sobre un texto que, al parecer, respondía a un amplio abanico de expectativas y posiciones políticas, en julio un grupo de seis países paralizó el proceso alegando que algunas cuestiones eran controversiales y quedaban fuera del mandato del CSA. El Grupo de Trabajo del MSCPI lanzará una declaración pública el martes 11 de octubre para transmitir su profunda decepción y presionar para que continúen las negociaciones. Pedirán coherencia política, concretamente la inclusión en la versión final de las Directrices de un lenguaje que ya ha sido aprobado en otros foros de Naciones Unidas, como el enfoque de interseccionalidad o la violencia sexual y de género.

En la sesión plenaria también se presentarán las Recomendaciones Políticas recientemente negociadas sobre la Promoción de la Participación y el Empleo de los jóvenes en la Agricultura y los Sistemas Alimentarios para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición. El Grupo de Trabajo de la Juventud del MSCPI presentará su evaluación de las Recomendaciones el miércoles 12 de octubre. Entre otros aspectos, el Grupo de Trabajo sobre la Juventud considera que el documento se queda corto en en idenficar y desmantelar los sistemas de opresión que impiden la plena realización de los derechos de las juventudes, incluyendo el derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria. El grupo evaluó la versión final de las Recomendaciones Políticas y determinó que varios aspectos del texto no se alinean con las leyes internacionacionales de Derechos Humanos. Lo más grave es que, en un momento en el que la inseguridad alimentaria causada por el caos climático se está disparando, el grupo considera indignante que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad no se mencionen en las Recomendaciones Políticas como las amenazas más graves para los sistemas alimentarios y el futuro de la juventud.

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