Del compromiso a la acción: ¡justicia alimentaria ya! Manifiesto de los pueblos sobre el derecho a una alimentación y nutrición adecuadas


 Las Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición (DVDA), negociadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de la ONU y aprobadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en noviembre de 2004, son un documento de consenso mundial. Orientan a los Estados sobre cómo aplicar sus obligaciones legales sobre el Derecho Humano a una Alimentación y Nutrición Adecuadas (DHANA), tal y como se recoge en la Observación General 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

De 2004 a 2024

Desde la aprobación de las Directrices, varios instrumentos negociados internacionalmente e interpretaciones autorizadas, basadas en las Directrices, han aclarado y ampliado aún más las orientaciones y recomendaciones para promover el derecho a la alimentación. Es esencial integrarlos a nivel nacional para que, a través de políticas públicas y programas específicos desarrollados con una amplia participación popular, puedan garantizar el acceso efectivo y universal al Derecho Humano a una Alimentación Adecuada a nivel local y territorial. 

Los instrumentos e interpretaciones que conforman el marco normativo avanzado sobre el DHANA son herramientas clave para las luchas en nuestros territorios; recuerdan a los responsables de la toma de decisiones que nuestro Derecho a una Alimentación Adecuada y sus derechos interconectados ¡no están en venta! Este marco normativo avanzado reconoce nuestros derechos colectivos, como el derecho a las semillas. Reafirma a los Pueblos Indígenas como titulares de derechos y reconoce su derecho a la autodeterminación. Reconoce firmemente la soberanía alimentaria de las mujeres rurales. Y reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible.

Las partes esenciales de este marco normativo avanzado son:

• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su Observación General 12, que interpreta el derecho a la alimentación y a la nutrición, son la base del marco normativo avanzado. 
• la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales (UNDROP), que se convirtió en un hito para el reconocimiento de los derechos colectivos, incluidos los derechos a las semillas y a la soberanía alimentaria; 
• la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), que aclara los derechos específicos de los Pueblos Indígenas y los afirma como titulares de derechos para elevar su lucha por el reconocimiento de su soberanía; 
• la Recomendación General 34 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, relativa a las mujeres rurales, que reconoce firmemente su soberanía alimentaria;
• Convenio 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso,
• Convenios 155 y 187 de la OIT que reconocen un entorno de trabajo seguro y saludable como principio y derecho fundamentalla Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la economía social y solidaria, y
• Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y tribales
• las Directrices para asegurar la pesca sostenible a pequeña escala, 
• el reconocimiento del Derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, 
• y el cuerpo sustantivo de acuerdos políticos del CSA por ejemplo, 
  • Directrices voluntarias del CSA sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (VGGT), 
  • Directrices Voluntarias del CSA sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de Mujeres y Niñas (GEWGE), 
  • Recomendaciones políticas del CSA para conectar a los pequeños agricultores con los mercados, 
  • Recomendaciones políticas del CSA sobre protección social para la seguridad alimentaria, 
  • Recomendaciones políticas del CSA sobre el fortalecimiento de la recopilación y el uso de datos sobre seguridad alimentaria y nutrición (SAN) y herramientas de análisis conexas para mejorar la toma de decisiones en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional,
  • Recomendaciones políticas del CSA sobre el agua al servicio de la seguridad alimentaria y la nutrición.
  • Marco de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial  (Marco de Acción del CSA).

Obstáculos para lograr el derecho a una alimentación y nutrición adecuadas

En 20 años el mundo ha sido testigo tanto de una serie de logros como de crecientes obstáculos para la realización del Derecho a una Alimentación Adecuada (DAA). Entre ellos, las organizaciones de la sociedad civil y de los Pueblos Indígenas consideran los siguientes como los problemas más acuciantes que deben abordarse para lograr una transformación estructural de los sistemas alimentarios. 

Crisis alimentarias sistémicas. La agudización de las vulnerabilidades, la discriminación y las desigualdades estructurales, la inflación de los precios de los alimentos, el cambio climático, las sequías, las hambrunas, la contaminación, el creciente endeudamiento, los conflictos, la ocupación y la guerra, y la progresiva captura de los sistemas alimentarios por parte de las empresas son causas y consecuencias agudas y crónicas del actual sistema alimentario. 

Aumento del uso de los alimentos y el agua como armas. El aumento de los conflictos armados, las guerras, la ocupación y el genocidio en el mundo están incrementando el uso de los alimentos y el agua como armas de guerra. Millones de personas corren el riesgo de padecer hambruna debido a las guerras provocadas por el hombre. En 2023, 135 millones de personas de 20 países se enfrentarán a una crisis alimentaria debido a guerras y conflictos prolongados. Los conflictos se enmarcan en un contexto más amplio de crisis prolongadas, a menudo causadas por una combinación de ocupación, insurgencia, catástrofes, cambio climático, desigualdad, inequidad, pobreza generalizada y factores de gobernanza.

Poder corporativo, autoritarismo y exclusión de las personas de las políticas y la toma de decisiones sobre cuestiones alimentarias.  En los últimos años hemos sido testigos de la reducción de las oportunidades de participación ciudadana y de la sociedad civil y de la captura corporativa de la toma de decisiones públicas y la intimidación. También ha aumentado el autoritarismo, silenciando las voces que se resisten a las imposiciones del modelo corporativo que beneficia a unas pocas empresas e individuos ricos. 

Para dejar de tratar la alimentación como una mercancía y reconocerla como un derecho humano, por medio del reconocimiento y la aplicación del marco normativo avanzado y sus instrumentos, pedimos la descolonización de los sistemas alimentarios y la acción política de los Estados y las Naciones Unidas con miras a realizar los siguientes cambios:

• De priorizar los mercados mundiales a apoyar los mercados territoriales: Acabar con las políticas orientadas a la exportación y la dependencia de las importaciones de alimentos e insumos agrícolas; dar prioridad a la producción de alimentos saludables y diversos para el consumo interno en lugar de a los cultivos comerciales para la exportación; garantizar precios remuneradores para las personas que producen alimentos a pequeña escala; y constituir reservas públicas de alimentos.
• De la agricultura industrial y la explotación de los recursos naturales a la agroecología, los sistemas alimentarios resilientes al clima y la reforma agraria popular: Garantizar el acceso, la propiedad y la gestión de los bienes comunes naturales por parte de la población; redistribuir la tierra y la riqueza; aprovechar los conocimientos indígenas y tradicionales en la producción de alimentos; abordar las necesidades de mitigación, adaptación, pérdidas y daños climáticos en los sistemas alimentarios; eliminar gradualmente los insumos basados en combustibles fósiles, en particular los plaguicidas; y diversificar los sistemas alimentarios.
• De la concentración corporativa y el poder en el sistema alimentario a la soberanía alimentaria: Reformar el comercio y las reglas del mercado; regular la especulación y cancelar la deuda; avanzar en la economía social y solidaria; oponerse a los mercados de carbono y a las falsas soluciones a las crisis alimentaria, de biodiversidad y climática (por ejemplo, la “agricultura climáticamente inteligente”, las “soluciones basadas en la naturaleza” y la “bioenergía con captura y almacenamiento de carbono”); y contrarrestar la digitalización de la agricultura impulsada por las corporaciones.
• De la violencia en los sistemas alimentarios y el uso de los alimentos como arma de guerra a garantizar la paz y el derecho de los pueblos a la autodeterminación y la justicia: Exigir cuentas a quienes violen el derecho a la alimentación en situaciones de crisis; garantizar el monitoreo basado en los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos a la hora de mantener sus sistemas alimentarios en zonas de conflicto y ocupación colonial y de reconstruir sus sistemas alimentarios; y asegurar la financiación de la provisión de ayuda humanitaria con miras a garantizar la seguridad alimentaria de las personas en zonas de conflicto.
• De las estructuras de poder patriarcales a la justicia de género: Aplicar una lente interseccional a la justicia de género y promover la autodeterminación de las personas con diversidad de género y las mujeres en los sistemas alimentarios.

Retos para la toma de decisiones democrática en la gobernanza alimentaria mundial

• La captura corporativa y la reducción del espacio para una participación social significativa en la FAO

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) fue el primer espacio en el que los movimientos populares ganaron algo de terreno, en la época de las Cumbres Mundiales sobre la Alimentación. Desde 2003, los productores de alimentos a pequeña escala y los consumidores interactúan con la FAO a través del Comité Internacional de Planificación sobre Soberanía Alimentaria (CIP), pero sigue faltando un mecanismo formal de participación significativa de la sociedad civil y los Pueblos Indígenas. sigue faltando.

En los últimos años se ha observado un aumento de los "modelos de participación de escaparate" apoyados por la FAO, como el Foro Mundial sobre la Alimentación (FMAM) y la controvertida Cumbre de las Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios (CMSA). Aunque estas plataformas invitan a la participación de la sociedad civil, especialmente de los jóvenes y los Pueblos Indígenas, están fuertemente influenciadas por los intereses corporativos y no respetan las condiciones de participación descritas en la estrategia de asociación con las organizaciones de la sociedad civil aprobada por los Estados miembros de la FAO en 2013.

Al mismo tiempo, la FAO fomenta cada vez más la participación y la inversión del sector privado sin aplicar mecanismos eficaces de rendición de cuentas de las empresas ni practicar la transparencia pública en relación con sus compromisos y financiación del sector privado. Este enfoque favorable a las empresas, evidente en áreas prioritarias como la "agricultura digital", contrasta fuertemente con la falta de compromiso estructurado con los pequeños productores de alimentos y los movimientos sociales sobre la base de los principios mutuamente acordados esbozados en la Estrategia de la FAO para la Asociación con la Sociedad Civil.

• Falta de apoyo adecuado de las agencias con sede en Roma (ABR) al CSA

En su calidad de organismos especializados de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, los ABR -la FAO, el PMA y el FIDA- tienen la responsabilidad clave de promover la asimilación de los resultados de las políticas del CSA. Esto incluye un apoyo operativo reforzado al MSCPI, tal y como reconoció el Consejo de la FAO en junio de 2024.

Sin embargo, la FAO sólo ha integrado y promovido adecuadamente la adopción de unos pocos acuerdos políticos del CSA, a saber, las Directrices del CSA sobre el derecho a la alimentación y las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. A pesar del creciente trabajo de la FAO en situaciones de conflicto, no se observan esfuerzos similares para promover el Marco de Acción del CSA sobre Crisis Prolongadas.

• Falta de coherencia política en las Naciones Unidas

Para realizar plenamente el Derecho a una Alimentación y Nutrición Adecuadas (DAA), es fundamental la coherencia política dentro de los órganos y procesos de las Naciones Unidas. Aunque las decisiones tomadas en materia de comercio, financiación para el desarrollo, digitalización, responsabilidad corporativa, nutrición, así como las convenciones de Río sobre biodiversidad (CDB), cambio climático (CMNUCC) y desertificación (CNULD), tienen implicaciones de gran alcance para el DAA, no integran en sus enfoques el Derecho a la Alimentación y otros derechos humanos de manera más amplia.

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial

Las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación son más que un documento: inspiran un cambio transformador hacia una mayor equidad y dignidad en los sistemas alimentarios. Han contribuido a democratizar la toma de decisiones en la gobernanza alimentaria mundial, dando a las personas la posibilidad de participar en la elaboración de las políticas que les afectan.

Estas directrices desempeñaron un papel crucial en la reforma de 2007/2008 del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), que condujo a la creación del Mecanismo para la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (MSCPI). El CSA sigue siendo el único organismo que garantiza el reconocimiento de la primacía de las voces de los más afectados por la inseguridad alimentaria, y de los que más contribuyen a la seguridad alimentaria mundial, asegurando su participación autónoma en sus procesos políticos.  

Este espacio fomenta una Organización de las Naciones Unidas que defiende verdaderamente los derechos humanos. Aunque se están logrando avances, sobre todo en la vinculación de la seguridad alimentaria a la acción por el clima, sigue habiendo desafíos. Para lograr una gobernanza alimentaria mundial equitativa, deben abordarse cuestiones como la rendición de cuentas, los conflictos de intereses y los desequilibrios de poder entre las naciones.

Cómo la sociedad civil y las organizaciones de Pueblos Indígenas vemos el camino hacia una gobernanza alimentaria mundial democrática y basada en los derechos humanos

1. Una toma de decisiones y una rendición de cuentas democráticas y basadas en los derechos humanos a todos los niveles, por medio de:
   • • • La garantía de que las voces de las personas y los países más afectados se sitúen en el centro de los lugares de toma de decisiones;
       • La creación de condiciones adecuadas para una participación significativa a todos los niveles, mediante la autoorganización autónoma de los pueblos, el reconocimiento del arbitrio de los movimientos sociales y los Pueblos Indígenas y de su soberanía y sus luchas en los planos mundial y local como elementos fundamentales de la gobernanza alimentaria.
2. Aplicar criterios claros para evitar los conflictos de intereses, mitigando las asimetrías de poder entre países, y la concentración de poder en el sistema alimentario, y garantizar normas de participación basadas en los derechos humanos.
3. Regular la influencia corporativa mediante la aplicación de salvaguardias contra la influencia corporativa en los sistemas alimentarios, incluidas las protecciones frente a conflictos de intereses y los marcos de rendición de cuentas. 
4. Potenciar la rendición de cuentas de los Estados miembros ante sus ciudadanos a nivel nacional, en particular su responsabilidad de aplicar y monitorear las Directrices y el derecho a la alimentación.
5. Democratizar las Naciones Unidas creando estructuras de participación para los grupos afectados dentro de todos los organismos de las Naciones Unidas, siguiendo el modelo del enfoque inclusivo del CSA. Hacemos un llamamiento a las Naciones Unidas, en particular a los organismos con sede en Roma, para que contribuyan a la coherencia de las políticas sobre el derecho a la alimentación, evitando la fragmentación de la gobernanza alimentaria mundial. En concreto, pedimos lo siguiente:

• • • • • El fortalecimiento de la función del CSA: el poder de convocatoria del CSA debe respetarse y ponerse en práctica, garantizando que siga siendo la plataforma central para abordar las causas estructurales y las múltiples dimensiones de las crisis alimentarias mundiales; 
        • La coordinación entre los organismos de las Naciones Unidas: todos los organismos de las Naciones Unidas deberían reconocer el derecho a la alimentación y su marco de aplicación a la hora de abordar cuestiones relacionadas con la agricultura y la alimentación. Por ejemplo, las tres convenciones de Río sobre diversidad biológica, desertificación y clima, así como las políticas nacionales sobre el clima y los resultados de las negociaciones internacionales en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, deberían reconocer la función fundamental de la justicia climática en la consecución del derecho a la alimentación y el cambio real en los sistemas alimentarios en favor de las personas y el planeta.